El Gobierno vasco hizo llegar al Comité Internacional de Verificación una propuesta de “desarme rápido” basado en “un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional”. Entre los cinco puntos que el Ejecutivo exige a la banda se incluye la creación de un “comité para el desarme” al que la banda entregue “en un plazo de tiempo comunicado” la localización de sus armas para que el Ejecutivo autónomo actúa como proceda.
El Gabinete Urkullu hizo pública esta oferta después de que los verificadores anunciasen en un comunicado que han recibido informes de ETA de que continúa el sellado y puesta fuero de uso operativo de sus armas y explosivos.
En su propuesta, el Gabinete Urkullu asegura que, “pasados 38 meses” del anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, es “demasiado tiempo sin un resultado efectivo”. Tras afirmar que el anterior gesto de desarme fue “un paso a todas luces insuficiente”, afirma que “la ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, incluso públicamente, confirman que ETA se ha instalado en el no desarme”.
Para el Ejecutivo autónomo, ello “no es aceptable” porque “tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca”.
Por ello, afirma que “ha llegado la hora de hacer un emplazamiento directo a ETA con una propuesta concreta para un procedimiento rápido, viable y efectivo de desarme”.
Recuerda que “el desarme mediante sellado no verificado y sin calendario” es el modelo actual por el que opta ETA, asegura que “a efectos prácticos y políticos, se trata de una forma de no-desarme. Un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada” por lo que considera que “no es un escenario realmente aceptable”.
Añade que, “en un plazo de tiempo comunicado”, ETA estructurará el depósito de todas sus armas y explosivos “en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población”. Además se constituirá «un Comité para el Desarme compuesto por representates del Gobierno vasco, y el foro social”.
