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Cecale exige una armonización fiscal que garantice la igualdad

por Redacción
22 de julio de 2013
Santiago Aparicio

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El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, exigió una «armonización fiscal» porque «no puede haber en España ciudadanos de primera, segunda o tercera, que paguen más o menos dependiendo de la autonomía en la que vivan». Al respecto, criticó a la Junta por implementar impuestos que no se pagan en otras autonomías, como el de patrimonio y sucesiones y donaciones, y el conocido como ‘céntimo sanitario’. «La armonización fiscal es necesaria en España y uno de los principales problemas que se deben abordar», dijo en ‘Los Desayunos de Ical’.

Aparicio defendió que la Junta «será de los gobiernos que mejor está funcionando y que ha puesto más sensatez en su plan de gobierno», con lo que aseguró que la Comunidad puede salir reforzada de la crisis. El dirigente patronal indicó que el Gobierno autonómico lo está haciendo bien en materia económica, con decisiones «acertadas» y un Diálogo Social «exportable» al resto de España, pero en materia fiscal se están adoptando decisiones «erróneas», dijo.

Céntimo sanitario

El presidente de Cecale se detuvo en el céntimo sanitario y reiteró una y otra vez su «enorme preocupación» por su repercusiones económicas en la Comunidad. Trasladó al respecto que cada vez que se reúne con responsables de la Junta les insiste en sus petición de que se elimine este tributo, hasta el punto de que ya le llaman «el señor céntimo», pero «parece que estamos predicando en el desierto», lamentó. Aún así, insistió en que espera que el Gobierno Herrera recapacite y de marcha atrás «porque rectificar es de sabios».

«Se lo debería replantear por el bien de todos, porque cuanto más tiempo pase más difícil será recuperar el consumo», ilustró. En este sentido, insistió en que el céntimo sanitario «ha hecho un daño tremendo» a las empresas del sector, a las gasolineras, a hosteleros, etc. que se resume en un «daño terrible en las arcas de la Comunidad». «No se cómo desde el Gobierno regional son incapaces de verlo», se preguntó, para precisar que en lo que va de año las ventas de carburantes se han desplomado un 35 por ciento en la Castilla y León.

Santiago Aparició concretó que esos beneficios se quedan en otras autonomías y, aunque el alcance de esta decisión se conocerá en dos años, estimó que la recaudación prevista de 140 millones, se quedará finalmente en 80. «A ver quién se hace cargo de ese desfase, aunque está claro que al final las decisiones erróneas de los gobiernos acaban pagándolas los ciudadanos», recriminó.

No todo fueron críticas a las decisiones en materia fiscal del Ejecutivo de Herrera, ya que Aparicio dio la bienvenida y aplaudió al anuncio del presidente de establecer una deducción en el tramo autonómico del IRPF del 20 por ciento, de la inversión en la adquisición de acciones o participaciones en la creación de empresas o de ampliación de capital, hasta un límite de 4.000 euros. Al respecto, recalcó su apoyo a todo lo que sirva de apoyo a la inversión y señaló que si no hay créditos, esas ayudas pueden incentivar que los proyectos empresariales «no se queden en el limbo».

Otras reformas

Por lo que se refiere a la reforma territorial de la Junta, defendió el papel de las diputaciones, y su «gran labor» en territorios con un gran número de municipios como Castilla y León. «Son instituciones que han ayudado mucho y han vertebrado mucho el territorio», sentenció.

A pesar de todo, expuso la necesidad de que se hubiera hecho una ordenación de los recursos previa a la reordenación administrativa, porque eso es «empezar la casa por el tejado», lo que hubiese permitido lograr una «auténtica vertebración territorial».

Aparicio también se refirió a la reforma de la administración aprobada por el Gobierno, y constató que «una cosa es la filosofía y otra la realidad». Al respecto, trasladó que no quiere pronunciarse hasta que no se aclare cómo quedará pero abogó porque sea «valiente», que evite duplicidades entre las instituciones y apueste por «privatizar» muchas empresas y fundaciones.

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