El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, advirtió ayer de que no se quedará «cruzado de brazos» ante la explicación del Ministerio de Hacienda sobre el error que cometió la Agencia Tributaria al atribuir a la Infanta Cristina varias operaciones de compraventa que no realizó, y remarcó que si estas equivocaciones han podido ocasionar «un trastorno procesal», serán examinadas. Por su parte, el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, pidió que no se siembren «dudas ni sospechas» sobre la actuación del fisco y recordó que los errores no afectan a la causa judicial contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.
El máximo dirigente del Ministerio Fiscal confesó que tanto el fiscal como el juez encargados del caso Nóos se han podido sentir «sorprendidos, si no desconcertados», por las diferencias existentes entre las afirmaciones de Doña Cristina, que niega esas operaciones, y el contenido del informe erróneo de la Agencia Tributaria.
«Creo que corresponde básicamente a Hacienda dar las explicaciones oportunas acerca de por qué se produjo esa disimilitud de datos contrastados», señaló. Por ello, aseguró que se «indagarán esas causas».
«No nos vamos a quedar cruzados de brazos diciendo que se trata de un error administrativo. Si se nos dan las explicaciones correspondientes, las aceptaremos, porque se pueden cometer errores, pero si eso ha podido tener un trastorno procesal, lo analizaremos», añadió.
Asimismo, aseguró, en referencia a Doña Cristina, que «no se le va a conceder ningún privilegio a alguien que es Infanta de España», pero «tampoco se le va a disminuir ninguno de los derechos procesales que tiene, por lo que su caso va a ser examinado por el Ministerio Fiscal con la más rigurosa de las actuaciones».
Por su parte, el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a definir lo ocurrido como «errores atribuibles al procedimiento», pero reclamó que «nadie vea intención alguna» en esos fallos y se afanó en dejar claro que éstos «no afectan a la causa judicial ni entorpece la tarea» que realiza la Agencia Tributaria en favor de la Justicia.
«En este caso se ha producido un error, se podía haber producido en otros, la vida es así», indicó el popular durante la Sesión de Control al Gobierno.
El dirigente reiteró que «no cabe extrapolar consecuencias generales» de las «equivocaciones que se producen en procedimientos administrativos y su traslación a procedimientos judiciales» y afirmó que su departamento ha venido dando «explicaciones reiteradamente» sobre esta cuestión. Según Montoro, lo importante es determinar cómo se puede evitar que este tipo de fallos continúen produciéndose.
En la misma línea, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, instó a que no se hagan especulaciones con las operaciones atribuidas a la Infanta Cristina y señaló que estos errores deben analizarse en relación con la gran cantidad de información que maneja la Agencia Tributaria.
Además, subrayó que, desde 2007, los procesos de imputación de la información, procedentes de terceros, han mejorado y se ha reforzado el automatismo en la carga y en el tratamiento de los datos.
La teoría defendida por Ferre fue respaldada, en cierta manera, por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) que aseguró que es «fácil» explicar los errores que se produjeron en la imputación de inmuebles a la hija del Rey. Este organismo aclara que el origen de los fallos está en las bases de datos, lo cual no es una actuación deficiente de la Agencia Tributaria, sino un problema de la situación de estas fuentes de información en dichos años y en el proceso de transmisión de las mismas. La organización mantiene que Hacienda debería investigar toda la información que llegó a la Agencia en cada caso, cuándo llegó y por qué medio.
Por ello, consideran «inexplicable» que ningún responsable del Ministerio haya dado una explicación completa y precisa de lo ocurrido. «La falta de una justificación precisa, unida a la tardanza en reaccionar, potencia las especulaciones sobre este asunto», señalan.
