Las Cortes de Castilla y León vivieron ayer un día histórico. El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, llegó a equipararlo con la aprobación del Estatuto de Autonomía, hace ya 30 años. El Parlamento regional aprobó con amplio acuerdo la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, el instrumento que servirá para «dibujar entre todos el futuro de la Castilla y León del siglo XXI». Los dos grandes partidos, PP y PSOE, aparcaron sus diferencias, una vez más esta legislatura, y demostraron altura de miras y capacidad de entendimiento en un asunto de Comunidad como es la regulación del medio rural garantizar los servicios y la calidad de vida a sus ciudadanos.
La voluntad de entendimiento conseguida en la Ordenación del Territorio se ha exprimido hasta el final, con un acuerdo in extremis también entre los dos grandes partidos y sugerido por Izquierda Unida por el que se da cabida al Consejo de Diálogo Social dentro del proceso para diseñar el nuevo mapa de servicios de la Comunidad.
Este gesto no fue suficiente para evitar el voto en contra el portavoz de Izquierda Unida, José María González, que en esta ocasión se sumó al no ya conocido del leonesista Alejandro Valderas, que considera que «sobra Junta». González fundamentó su negativa en que los conceptos de comarca, diputación y entidades locales menores no se ajustan a los concpetos que defiende su partido.
El portavoz de IU dio una «última oportunidad» para cambiar su voto del no a la abstención si el PP se comprometía a presentar un recurso de inconstitucionalidad si la Reforma Local que apruebe el Congreso de los Diputados «sigue atentando contra el Estatuto de Castilla y León».
Las intervenciones tanto del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, como de los portavoces de PSOE y PP, Óscar López y Carlos Fernández Carriedo, respectivamente, destacaron las dificultades existentes en la gestación de esta ley que por ambas partes se han conseguido salvar en aras del entendimiento y por el interés común de la Comunidad, de sus municipios y, sobre todo de los ciudadanos.
«Entre todos hemos sido capaces de superar esas dificultades e incomprensiones que toda empresa encuentra en su camino», destacó De Santiago Juárez, «porque este texto legal, desde la primera expresión de su compromiso político hasta su redacción final se ha elaborado a través de un procedimiento abierto, dialogado, debatido, discutido, explicado y participado».
Óscar López destacó el triple objetivo que ha llevado a su grupo a apoyar la nueva ley; en primer lugar garantizar unos servicios públicos de calidad y preservarlos de recortes; defender el modelo territorial de Castilla y León asentado en el municipalismo y asegurar mínimos. «Esta es una cuestión de comunidad que nos atañe a todos y por eso es esencial el establecimiento de mayorías reforzadas para dar garantías a los ciudadanos», destacó.
En el fondo de la aprobación también surgió el miedo a colisionar con la Reforma Local del Gobierno, «compatible con el modelo de Castilla y León», a juicio del consejero, aunque con aspectos que no están en sintonía y que espera que se corrijan en la tramitación parlamentaria. López, ve en la nueva ley, junto al Estatuto, armas para luchar contra «reformas de carácter estatal que atenten contra la autonomía municipal o las entidades locales».
