La institución del Defensor del Pueblo ha experimentado desde el año pasado un incremento extraordinario del número de quejas y, sobre todo, de peticiones para que presente recursos de inconstitucionalidad; fenómeno del que no ha estado ajena la provincia Segovia. En este sentido, en 2012 el número de expedientes de queja motivados por requerimientos de segovianos ascendió a 182, más del doble que los abiertos el año anterior, y el número de solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional se desbordaron, al pasar de 5 en 2011 a más de 1.200 el año pasado.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que visitó Segovia en el mes de junio para participar en un acto de la Fundación Valsaín, explicó en ese momento que el incremento de quejas se debe a cuestiones de carácter económico y social. Así, dijo que, junto a las reclamaciones de aquellos con escasa capacidad económica o con una situación personal y laboral más vulnerable, muchas de ellos en riesgo de desahucio, este comisionado de las Cortes Generales está atendiendo muchas solicitudes de personas que invirtieron sus ahorros en participaciones preferentes. Problemas de ruido, medio ambiente, impuestos o prestaciones de la Seguridad Social centran además las preocupaciones de los ciudadanos.
Sobre las solicitudes para que el Defensor del Pueblo acuda al Constitucional, muchas de ellas presentadas por grupos de personas o firmadas por muchos demandantes, tras estudiar las peticiones, la institución consideró que algunas de las normas cuestionadas manifestaban, en ocasiones, no tanto problemas de constitucionalidad como de legalidad ordinaria. Así, para mejorar la aplicación de algunas de estas leyes, formuló numerosas recomendaciones. Es el caso, por ejemplo, de la recomendación sobre la paga extra de los funcionarios, sobre la renta activa de inserción, o sobre la nueva legislación sanitaria.
Centro penitenciario
En la provincia de Segovia, la defensora del Pueblo inició de oficio en 2012 una investigación a raíz del fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de Segovia.
Además, desde hace tres años el Defensor del Pueblo actúa en España como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y elabora un informe específico en el que incluye las recomendaciones realizadas a Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.
Recopila estadísticas, como las diligencias previas incoadas por el Ministerio Fiscal, que en el caso de Segovia fueron dos el año pasado, por tratos degradantes y por atentar contra la integridad moral de dos detenidos. Además se produjo un caso de intento de autolesión, con otro detenido que resultó herido leve.
El citado informe recoge que en 2012 la Policía Nacional efectuó 394 detenciones con ingreso en calabozo y 450 la Guardia Civil. De todas ellas, 85 estaban relacionadas con infracciones de la Ley de Extranjería.
Entorpecen su labor
Por ley, las administraciones públicas están obligadas a responder a cuestiones remitidas por el Defensor del Pueblo. El año pasado el Ayuntamiento de Valverde del Majano fue el único incluido en la lista de las que entorpecieron su labor, en el estadio más leve, ya que contestó pero al tercer requerimiento.
Por su parte, el de Villacastín fue advertido de que si no atendía con prontitud a los requerimientos de la institución, ésta daría cuenta a las Cortes Generales.
El Ayuntamiento de Coca recibió una sugerencia relativa a la inspección de la actividad hostelera en el municipio.
