El sector agrario no ha tenido suerte, en líneas generales, a la hora de tener ministros del ramo. Se trata de un departamento que los diferentes Gobiernos han utilizado en la mayor parte de los casos como un comodín para tapar huecos a la hora de ajustar puestos en el Consejo de Ministros en función de las presiones o intereses de las comunidades autónomas, de corrientes de poder dentro del partido o de buscar equilibrios en materia de igualdad.
Si nos remontamos a los últimos 30 años, en un balance rápido, no hubo suerte en la primera etapa de los socialistas con un Carlos Romero como titular durante una década, un tiempo perdido, más preocupado por el control de siglas de amigos y ajenos, que de hacer política. A su larga etapa siguieron hombres de paso como Pedro Solbes, Vicente Albero o un Luis Atienza, con más tiempo en Atocha, que llegó de mochilero ligado al medio ambiente, al que el cargo le permitió conocer las batallas entre Codorniú y Freixenet y acabó montando una bodega con el consejero delegado de Freixenet como socio. Con los populares, Loyola de Palacio, desgraciadamente fallecida, le puso ganas y Arias Cañete estuvo igualmente de paso en su primer mandato. En los últimos ocho años de gestión socialista, el sector no tuvo suerte con Elena Espinosa, trabajadora que llegaba de otro mundo y una Rosa Aguilar que, además de no existir, se encargó de dinamitar al pequeño pero buen equipo del Ministerio.
Ha pasado un año desde que se pusiera en marcha el actual proyecto, nuevamente con Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina a la cabeza. Un período corto para hacer balances que requieren años para ver resultados. Pero, hay ya elementos para considerar que se ha producido un cambio. Se suele decir que segundas partes nunca fueron buenas. Pero, hasta la fecha, quizás también por ver de dónde venimos, se puede decir que no, que esto puede funcionar y que hay razones que lo avalan.
De entrada ha llegado al Ministerio una persona que conoce el sector, el funcionamiento del departamento, de la Administración y del entramado comunitario; no ha cometido los errores de su primera etapa y está demostrando una sensibilidad por la cosa agraria, aunque a veces pueda dar una imagen de frivolón por el uso de un lenguaje muy directo en sus comunicación. A pesar de atravesar un período de escasez de recursos, se trata de una gestión con unas bases que, si sale adelante, puede demostrar que se puede hacer política agraria y defender las rentas del campo, sin grandes medios.
De entrada, aunque es un hombre de partido, no ha tenido inconveniente en mantener a personas de la etapa socialista sabiendo su procedencia y formar un equipo compacto.
En las últimas semanas, ha pasado una primera prueba de fuego en Bruselas, la primera fase sobre el futuro de la PAC, donde el debate estaba en la asignación de fondos. Si los datos oficiales que manejan son ciertos, y todo parece indicar que lo son, España mantiene e incluso mejora ligeramente los niveles de ayuda del período anterior. Lo negativo del acuerdo es que esos niveles de pagos no se incrementarán con el paso de la inflación. Lo positivo, que tal como estaban las cosas no es para hacer ascos a que se aseguren las subvenciones tal como se prevén en 2020, haciendo además la salvedad de que la UE, a la hora de asignar los pagos, nunca ha tenido en cuenta su modificación computando la inflación. No iba a hacerlo en tiempos de crisis. Ahora toca cerrar el texto de la reforma y, probablemente, lo más complejo, aplicarla en España. Cañete quiere que con el nuevo sistema de pagos, que pasa de hacerlo por derechos históricos a pagos por hectárea, apenas si haya cambios en los cobros actuales por explotación, lo cual puede ser bueno para unos y perjudicial para quienes hoy se sienten marginados. Ese puede ser el siguiente debate.
Junto a la PAC, en el planteamiento actual de la política diseñada desde Agricultura hay tres aspectos que se deben valorar. El primero, la ley de la cadena alimentaria, que puede supone un antes y un después en las relaciones de esa gran distribución que ha entrado en los sectores agrario y alimentario como un burro en una cacharrería y que amenaza, vía precios a la baja, con destruir el tejido productivo en esos dos sectores. El ministro tomó como algo suyo esa ley, una de las reivindicaciones más importantes de los sectores agrario y alimentario y es de esperar que salga adelante y, sobre todo, que se cumpla. Un segundo aspecto es su ofensiva para ordenar la oferta en origen y los intentos para que la gran distribución no siga deteriorando la imagen de una serie de productos con precios de oferta que, al final, pagan agricultores, ganaderos o las industrias. Finalmente, un tercer factor a no dejar a un lado es el proyecto que maneja para acercar a pie de campo la información o el conocimiento para lograr un ahorro en los costes de producción, abonando mejor, utilizando la semilla más adecuada al mejor precio, cultivando en el momento más adecuado, eligiendo la maquinaria más apropiada, aplicando técnicas de ahorro en la energía. Con todo ello, a pie de campo, producir costaría menos, habría mejores rendimientos y, a la postre, más rentas.
Todas actuaciones claves en la política agraria que mire al futuro. Si llegan ahora, nunca es tarde.
