El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, negó ayer que su firma fuera determinante para que el Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín, cobrara de la Generalitat valenciana por la organización de unos Juegos Europeos en la región levantina que nunca llegaron a celebrarse.
«Es verdad que mi rúbrica está en un convenio con ese organismo, pero también es cierto que está porque hubo un acuerdo previo del Gobierno valenciano y que con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos», indicó tras comparecer como testigo ante el juez instructor del caso, José Castro.
«Porque yo firmara, el Instituto Nóos no recibió ni un solo euro de dinero público. Porque si con mi rúbrica hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público, a lo mejor me lo habría pensado mucho más», añadió.
«Aquel convenio -insistió- sin mi firma, le hubiera supuesto el mismo dinero a Nóos, y solo con ella no le habría supuesto ni un euro a Nóos».
De este modo, aseguró que lleva «más de un año» con ganas de explicar esto y que si ha guardado «silencio» hasta la fecha ha sido por «respeto» al juez Castro y a su investigación. «Ya está bien -se quejó- de informaciones que me relacionan con el pago a Iñaki Urdangarín», al tiempo que advirtió de que, tras estas declaraciones, volverá a guardar silencio.
El interrogatorio de Castro a González Pons giró en torno al convenio refrendado el 23 de diciembre de 2005 con el Instituto del Duque de Palma, en virtud del cual esta entidad se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.
Según consta en el sumario del caso, por la preparación de este evento, la fundación percibió 382.203 euros procedentes de Presidencia de la Generalitat.
González Pons se desplazó hasta los Juzgados de Madrid en Plaza de Castilla para declarar ante el juez Castro, tras haber renunciado a la posibilidad de ser interrogado en su despacho oficial que le concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 412.5 Primero de esta norma permite a los diputados, así como a otros numerosos altos cargos y autoridades, quedar exentos de acudir a las dependencias judiciales.
El dirigente justificó su decisión porque considera que «éste es un momento» para que los políticos no utilicen sus derechos, sino que estén «a pie de calle» y, si se les requiere, «a pie de juzgado».
El popular ya fue citado a declarar por el magistrado en mayo del pasado año, si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y quedó pendiente de nueva fecha. González Pons, que se negó a hablar sobre el contenido del interrogatorio, tan solo indicó que espera que su testimonio haya servido al magistrado para «avanzar en su investigación» de un asunto «de mucha importancia».
Por otro lado, el exejecutivo de la Fundación Nóos Antonio Billabriga implicó al Duque de Palma en gestiones realizadas por esta institución después de 2006, fecha en la que supuestamente el yerno del Rey se desvinculó de esta firma.
También le habría vinculado con las negociaciones realizadas con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis) para obtener una donación de la Fundación Madrid 16.
Mientras, el presunto testaferro de Urdangarín José María Treviño exoneró al exdeportista de los numerosos negocios que habría emprendido con la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), quien le habría ría abonado 375.000 euros en relación con diversos negocios.
