La Agencia Tributaria (AEAT) ratifica en el último informe entregado al juez del caso Nóos que la empresa propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma, Aizoon, facturó servicios al exdeportista, por un total de 1,6 millones de euros, a fin de que pudiera ocultarlos en su declaración. En total, habría defraudado 281.109 euros en cuatro años, no alcanzándose el límite a partir del cual es delito fiscal.
En un documento de 192 páginas al que tuvieron ayer acceso los medios, se subraya el hecho de que esa firma, y no el propio Urdangarín, fuese contratada por las sociedades receptoras de los servicios que prestaba. Tanto es así que ni en el sumario de la causa ni expediente administrativo alguno figuran testimonios de las actividades de consultoría «pretendidamente desarrolladas por Aizoon».
El análisis de la AEAT se suma a los datos solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para dirimir el alcance que tuvo la intervención de la Infanta en las presuntas irregularidades cometidas a través de Aizoon, y decidir si acuerda su imputación en el marco de este procedimiento judicial. Pese a que resta por presentar un informe más, el último incorporado a la causa desvincula a la hija de Don Juan Carlos con la supuesta defraudación al fisco.
Control funcional
Es más, los funcionarios recalcaban que aunque Urdangarín era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la firma al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que «podría estar en condiciones de impedir la defraudación» a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008.
De acuerdo con este planteamiento, el tribunal añadía en esta línea que, a partir de marzo de 2006 -cuando la Infanta dejó la junta directiva de Nóos, de la que era vocal- o meses antes, «ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar». Así, sostiene que, como socia de la mercantil y «teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria».
Para la AEAT, únicamente fue el esposo de la Infanta quien, a través de Aizoon, percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de la mercantil cuya titularidad comparte con ella con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.
Mientras, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó que su departamento contemple pactar un acuerdo de conformidad con el Duque, como se rumorea desde hace meses: «Ni hay abierto, ni va a haber ningún tipo de negociación a este respecto».
Y es que, según un periódico de tirada nacional, el exbalonmanista estaría dispuesto a reconocer su culpabilidad -solo a título lucrativo- y ser condenado a menos de dos años de cárcel -lo que le haría burlar la prisión-, en tanto su antiguo socio, Diego Torres, habría solicitado que se exonerara a su mujer a cambio de cuatro años en un centro penitenciario. De ser cierta esta noticia, desmentida en su totalidad por el abogado de Urdangarín, Pacual Vives, los dos imputados habrían intentado por segunda vez -la primera podría haber sido en abril de 2012- llegar a un acuerdo para que el juicio no siguiera adelante. Al parecer, el representante del Ministerio Público, Pedro Horrach, se cerró en banda y pidió que devolvieran el dinero público sustraído y queden privados de su libertad.
Lo que resulta evidente es que Doña Cristina, sobre la que Castro se está pensando si imputarla o no, queda al margen de la trama. Como dijo Torres-Dulce, «no existe ningún elemento» que permita que vaya al banquillo. «No hay ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa justificadamente en Derecho», concluyó.
