El anuncio que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hizo ayer en el Congreso de los Diputados advirtiendo que el Gobierno estaba trabajando en la orden ministerial que determinará el cese de explotación y cierre de la central nuclear de Garoña, suscitó reacciones de todo tipo dentro del ámbito político, sindical y social de la Comunidad. Opiniones contrapuestas que se agarraban a la esperanza o que condenaban una situación que ha sufrido vaivenes constantes en los últimos meses.
Así, mientras la Junta hace un llamamiento a la «prudencia» tras los argumentos ofrecidos por el ministro de Industria, la oposición denuncia la dejadez de los Gobiernos central y regional durante el proceso y la situación de indefensión en la que se queda la comarca de Las Merindades y Miranda de Ebro. Sindicatos y comité de empresa lamentan una decisión que, a su juicio, supone «la puntilla definitiva» a la planta nuclear burgalesa.
Junta
En este sentido, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ve todavía «motivos de esperanza» en las palabras de Soria y aseguró que sobre la central nuclear «no se ha dicho la última palabra». Villanueva reiteró que la expresión del ministro «recoge posibilidades», ya que el cese de la actividad de la nuclear «no se debe a una falta de seguridad sino a razones económicas». Por ello, pidió que «se agoten todas las vías posibles antes de adoptar decisiones irreversibles». El máximo responsable económico de la Comunidad también indicó que la Junta mantiene «contactos con el Ministerio» y concedió gran importancia al hecho de que exista una «voluntad empresarial y administrativa a favor de la continuidad» de Garoña que «lo hace posible».
Psoe
Por su parte, el secretario autonómico de Organización del PSOE, Julián Simón de la Torre, denunció que el Gobierno central y la Junta «han dejado a su suerte» a toda la comarca por no tener previstas ayudas ni actuaciones de reindustrialización. De la Torre criticó que «al fracaso de las políticas del PP nacional, se unen las del PP de Castilla y León» en este caso, cuya «ineficacia, incapacidad y ceguera llevan al abandono y la inmigración a toda una comarca burgalesa». El dirigente destacó el problema «muy serio» que se genera en este territorio, porque el Gobierno «cortó las ayudas que se crearon a través Plan Reindus, para la instalación de nuevos proyectos para preparar el futuro».
Izquierda Unida
El coordinador regional de la formación, José María González, expresó su satisfacción por entender que Garoña está hoy más cerca de su cierre que hace mes y medio. Sin estar seguro al cien por cien, González valoró que el PP asume el cierre de la nuclear aunque sea más por razones económicas que de seguridad y confió en que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncie un plan de intervención que reactive la zona tras el cierre de la planta. «Cuando se planta un cerezo, tarda cuatro años de dar fruto», recordó.
Ugt
La otra cara de la moneda se reflejaba en la Unión General de Trabajadores de Burgos que consideró que el anuncio realizado en el Congreso por el ministro Soria supone «la puntilla definitiva» a una comarca que depende en un importantísimo porcentaje de la actividad productiva de la central nuclear, ya sea a través de puestos de trabajo directos (unos trescientos) o eventuales (unos ochocientos), llegándose a superar en algunos meses del año la cifra de mil trabajadores.
Comité de empresa
El comité de empresa recibió la noticia como un «jarro de agua fría», aunque «estábamos trabajando y no conocemos todavía las declaraciones en profundidad», señaló su presidente, Alberto César González. «De las palabras del ministro, por lo que he podido leer, se desprende que no es un cierre irreversible, creo que deja la puerta abierta», afirmó González, que tampoco pudo frenar su malestar. «Estamos hartos de lo que están haciendo», manifestó González, que añadió que «llevamos así un año, sí, no, ya veremos, y yo, personalmente, me creo ya cualquier cosa».
Valle de Tobalina
Por su parte, el alcalde del Valle de Tobalina (Burgos), Rafael González Mediavilla, señaló que «es la responsabilidad del ministro José Manuel Soria, encontrar alguna solución para esos 500 puestos de trabajo que ahora están peligrando». En este sentido, el regidor apuntó que «estamos en un momento muy complicado, donde nadie da soluciones y lo que no se puede dejar es abandonada a la comarca».
Ecologistas
Alegría contenida en las organizaciones ecologistas que, por una parte, celebraban la noticia, pero por otra advertían que las alegaciones del ministro dejaban una puerta abierta a la continuidad de la central. Así, tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción pidieron al Gobierno que no permita la reapertura de Garoña con «maniobras políticas».
