El Pleno de las Cortes aprobó ayer por unanimidad y entre grandes aplausos el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad cuyo objetivo principal es «avanzar en la autonomía personal» y en la no discriminación de este colectivo, según destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien reconoció que es «tremendamente ambiciosa» y que, por eso, «exige el compromiso de toda la sociedad».
Ante numerosos representantes del sector de la discapacidad agrupadas en el Cermi, que siguieron el debate desde la tribuna, Marcos destacó que Castilla y León es la primera comunidad con una norma «integral», que supone «un gran avance en el desarrollo del Estatuto» porque defiende el «respeto a la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad» y busca su «normalización a través de la igualdad de oportunidades».
La consejera incidió en que la ley ofrece una atención individualizada que partirá de «una valoración ajustada de las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta a su familia y su entorno». Además, señaló que la ley incluye «medidas concretas» para lograr esa inclusión no sólo dentro de los Servicios Sociales, sino en ámbitos como salud, educación, cultura y muy especialmente en empleo.
Todo ello será posible, remarcó Marcos, gracias a una financiación de 155 millones al año «de impacto inicial» a cargo de los Presupuestos de la Comunidad, y a que Castilla y León cuenta con un buen «punto de partida» para su plan estratégico por su «importante red de recursos» a disposición de los discapacitados, con 15.000 plazas a finales de 2012 (3.000 más que en 2007) en 331 centros residenciales y 185 centros de día con 5.000 profesionales.
La titular de Familia agradeció las aportaciones de los grupos y muy especialmente del Cermi, del que dijo que «sin ellos este texto no estaría aquí», y de ahí que su participación en la implantación de las medidas previstas y en la prestación de servicios se haya considerado «imprescindible».
Tras aprobarse, los representantes de los tres grupos políticos incidieron en el consenso alcanzado para hacer «la mejor ley posible» que defienda los derechos de las personas con discapacidad.
