Directo y sin andarse por las ramas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el segoviano José Luis Concepción, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que ha derogado la doctrina Parot, no se sostiene desde un análisis jurídico y añadió que supone la culminación de un proceso político.
Concepción, que estuvo ayer por la tarde en Segovia para presidir un acto en la Cámara de Comercio, a preguntas de los medios locales sobre la resolución del TEDH del pasado día 21 respondió afirmando que “nos entristece profundamente a todos los españoles de bien porque supone la puesta en libertad de delincuentes condenados a penas de varios cientos de años de prisión”.
En su opinión, ahora es el momento de exigir responsabilidades “a quienes tienen y han tenido en sus manos la facultad de legislar porque los jueces españoles tienen que aplicar la doctrina emanada de un Tribunal europeo del que España forma parte, porque ha firmado un convenio.
Añadió, sin embargo que “por encima de los derechos de los delincuentes por los que ha velado el Tribunal de Estrasburgo están los derechos de las víctimas”.
Preguntado expresamente por posibles implicaciones políticas que puedan haber influido en la decisión de los magistrados del TEDH, sin citarlo por su nombre hizo referencia al jurista español y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Luis López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia durante el primer Gobierno de Zapatero
López Guerra es magistrado del TEDH desde 2007 y para el presidente del TSJCyL “el representante de España es un destacado político que ha ejercido responsabilidades en gobiernos anteriores, que ha demostrado públicamente desde hace década y media su idea al respecto de los beneficios penitenciarios… Y yo creo que tenía prejuzgada la cuestión y en consecuencia no me cabe pensar si no otra cosa que son razones al margen de lo estrictamente jurídico las que le han llevado a tomarla”.
Por otra parte, se mostró convencido de que “los juzgados y tribunales de Castilla y León estudiarán con rigor” y aplicarán la Ley si se producen recursos para excarcelar a presos que puedan beneficiarse de la derogación de la citada doctrina Parot. En cualquier caso indicó que no le consta que hasta el momento se haya producido alguna petición en ese sentido en la Comunidad Autónoma.
Sobre la falta de partidas del Ministerio de Justicia para inversiones pendientes en la provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), Concepción dijo que “podría decir mucho pero poco puedo hacer”. Recordó que desde el TSJ “llevamos mucho tiempo reivindicando a la Administración inversiones —el nuevo edificio judicial y la creación del segundo juzgado de lo Penal, entre otras—” pero matizó que el descenso del presupuesto previsto para Justicia en 2014 es todavía inferior al de este año, cuando ya ha sido muy escaso.
También recordó la escasez de medios personales, especialmente en el Juzgado de lo Penal, “aunque el Tribunal Superior ha multiplicado las peticiones para refuerzos y ayudas en un juzgado que cada año tiene mayor volumen de congestión”.
En cuanto a la modificación de la planta judicial prevista también por el Ministerio de Justicia, Concepción apuntó que en este momento “hay una incertidumbre general” y comentó que hasta ahora solo hay un borrador realizado por una comisión de expertos, pinceladas que se dirigen a una modernización de la Justicia , pero hasta que no haya un proyecto de Ley asumido por el Ministerio no hará valoraciones, según dijo.
