Se va a quedar muy solo con su ley. Los nacionalistas han lanzado el argumento de que discrimina las lenguas autóctonas, lo que no es cierto porque las considera obligatorias al igual que el castellano, y los socialistas han puesto el acento en el hecho de que la religión contabilice para la nota media. Sí es cierto que esa disciplina es optativa entre tres asignaturas a elegir relacionadas con los valores sociales y la convivencia, y todas ellas afectan.
España tiene un serio problema con sus normas educativas, un serio problema político, independientemente del contenido de esa ley: ningún Gobierno ha logrado consensuarla con la oposición, y solo ha podido salvar el trámite parlamentario con la mayoría absoluta, como ocurrirá ahora con la Ley Wert. La aprobada en el segundo Ejecutivo de Aznar fue abolida en cuanto Zapatero fue elegido presidente. Ni siquiera hubo tiempo para que se llegara a aplicar.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Lomce, iniciará su recorrido a partir de septiembre de 2014, si de aquí a entonces no surge ningún cataclismo que impida a Rajoy completar su legislatura. Es el plazo imprescindible para la tramitación parlamentaria y, después, para que las editoriales especializadas redacten e impriman los nuevos libros de texto. Las novedades han sido explicadas exhaustivamente por el ministro, que lleva dos semanas en un periplo informativo con el que trata de contrarrestar las críticas de los partidos de la oposición.
Enmiendas
Acepta las opiniones, asegura, y está dispuesto a transigir con algunas enmiendas en su tramitación parlamentaria siempre que los argumentos que le presenten sean de peso y enriquezcan la calidad de la enseñanza, pero le produce una profunda incomodidad que se hayan difundido una serie de consideraciones que no se corresponden con el contenido de la norma. Por ejemplo, las ya mencionadas.
La prueba de la relevancia que se da al catalán, euskera y gallego es que no se podrá pasar de curso con tres asignaturas suspendidas, pero sí con dos, siempre que no pertenezcan al bloque de las prioritarias, como, por ejemplo, matemáticas, lengua y literatura, inglés, historia… y la lengua propia de la comunidad autonómica, que es obligatoria incluso para aquellos alumnos de Cataluña que exijan recibir formación en castellano. Un derecho que existe en el País Vasco y Galicia, pero que en la región mediterránea no se aplica porque para el aprendizaje del castellano se hace una lectura interpretativa de la norma respecto al derecho a recibirla. La sentencia del Tribunal Constitucional aprueba la inmersión lingüística, pero siempre que se garantice la enseñanza del español, y el Consejo de Estado, por su parte, constata la sentencia del TC, pero añade que son los Gabinetes autonómicos los responsables de hacer cumplir las leyes de Educación, no el Gobierno central.
En las negociaciones con los nacionalistas catalanes, el Ministerio recibió el mensaje velado de que, además del trasfondo político de la cuestión, en estos momentos la Generalitat no podría asumir el coste que supondría completar los equipos docentes con profesores de castellano si se produjeran solicitudes masivas de estudiantes de recibir clases en la lengua de todos los españoles. Independientemente de la causa emocional, que trasladaron a los representantes del Ministerio. El argumento de que el programa de inmersión garantiza el perfecto conocimiento del castellano mientras que demuestra la necesidad de profundizar más en la lengua catalana, y esgrime así la Generalitat el resultado de las pruebas realizadas a los alumnos, no es aceptable para el equipo de Wert, que alega que en las pruebas se preguntaba a los alumnos por su grado de conocimiento de castellano con palabras muy sencillas que, evidentemente, conocían, mientras que se les pedían que tradujeran palabras muy rebuscadas para que las fallaran.
Ni un paso atrás
En cualquier caso, con el resultado de esos test o sin ellos, y a pesar de la oposición que ha presentado el Gobierno de Artur Mas a la Ley Wert, el ministro no piensa ceder ni un solo ápice. Se nota que pertenece al mundo de la docencia, cuenta con datos de primera mano sobre la calidad de la Enseñanza y llegó al Ejecutivo con el objetivo claro de elaborar una ley que redujera el alto fracaso escolar y permitiera a los jóvenes ser competitivos respecto a los de otros países con distintos planes de estudio. José Ignacio Wert quiso desde el primer momento recuperar las evaluaciones, que considera que dieron buen resultado en el pasado y asumió, además, la reforma con una premisa que no supuso un inconveniente insalvable para él: supo desde que accedió al puesto que tendría enfrente al PSOE, a los partidos nacionalistas y a IU, y con dudas respecto a la posición que defendería Rosa Díez, muy crítica con el PP porque necesita captar votos de los descontentos con Rajoy, pero firme en su defensa del castellano. Como también sabía que una parte de los profesores estaría también en contra porque los recortes obligan a prescindir de un número importante de interinos y también a la rebaja o congelación de salarios como al resto de los funcionarios.
Mayor sueldo
Desde el Ministerio, se han difundido los salarios de los países de nuestro entorno en relación con los de España: el sueldo inicial de un profesor nacional de Primaria o Secundaria es superior a la media de los países de la OCDE y de la UE, aunque la diferencia se reduce a partir de los 15 años de carrera profesional, pero en nuestro país se necesitan más años de vida profesional para alcanzar la nómina máxima. Al iniciar la carrera infantil, los maestros cobran un 28 por ciento más que la media de la UE y, en Bachillerato, un 35 por ciento más.
Se queja la oposición de la falta de talante negociador del Ministerio. Por parte del PSOE, el diálogo con el Gabinete central lo llevó Mario Bereda, exsecretario de Estado de Educación con Zapatero. Desde el Gobierno se le acusaba de que su única obsesión era la eliminación de la asignatura de religión. Desde las filas socialistas, sin embargo, afirman que el equipo de Wert se mostró prepotente y con escasa voluntad de llegar a acuerdos, cerrado a cualquier tipo de pacto. Una vez aprobada la Lomce por el Consejo de Ministros, Ferraz ha movido ficha para que sea Rafael Simancas, exsecretario general de Madrid, quien tome el relevo en las negociaciones de cara a las enmiendas a la ley que puedan ser aceptadas.
Conviene recordar que se han producido docenas de encuentros con los cinco sindicatos de Enseñanza más influyentes por este orden. Solo con ANPE y Cesif hubo posibilidad de llegar a algunos puntos de acuerdo. Resultado: Wert asumió que la Lomce tendría que aprobarla en solitario.
