El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, explicó que no ha habido «incidencias» debido al cierre de las urgencias nocturnas en 17 consultorios locales rurales de la Comunidad y aclaró que su departamento ha «revisado» los tiempos de desplazamiento desde esos municipios hasta sus centros de salud, la demanda de atención urgente que había antes y que hay ahora, y el tiempo de respuesta ante llamadas al Servicio 112.
Asimismo, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), sobre si la Junta ha reconsiderado la decisión de dichos cierres, Sáez señaló que «se reforzarán convenientemente» los servicios de urgencias de los centros de salud rurales y el transporte sanitario cuando se prevean incrementos importantes de población en la zona o problemas meteorológicos.
Ante los reproches de González de que para conseguir un ahorro de poco más de 1,5 millones se ponen en riesgo vidas y un derecho básico como la salud, el consejero de Sanidad insistió en que «el derecho a la salud está garantizado en Castilla y León en términos más que razonables» y le recordó que hay más de 3.600 consultorios que antes tampoco tenían urgencias nocturnas, un servicio que es atendido «adecuada- mente» en los centros de salud.
Por esta misma cuestión, concretamente por la situación en Muelas del Pan (Zamora), también le preguntó a Sáez el procurador socialista José Ignacio Martín Benito, quien calificó el cierre de urgencias nocturnas rurales de «medida caprichosa e injusta». El consejero le contestó con argumentos similares a los datos al Grupo Mixto, además de acusar a Martín Benito de usar palabras «demagógicas».
Por otro lado, Sáez respondió a otra pregunta sobre el copago en el transporte sanitario formulada por el socialista Francisco Javier Muñoz, quien le pidió que se oponga a esta medida acordada en el Consejo Interterritorial de Salud y que pida la dimisión de la ministra Ana Mato. «Se penaliza con una media injusta y discriminatoria», aseveró.
Al respecto, Sáez rechazó que con el copago, cuya orden está en tramitación, los enfermos de diálisis tengan que abonar 10 euros al año y los oncológicos 20 euros. «La opinión de la Junta es eximir o minimizar el impacto» de esa orden, afirmó el consejero, quien añadió que se recoge un pago de 0,41 euros para el transporte de enfermos de diálisis con independencia de los viajes y del lugar.
Sáez defendió, en respuesta a la socialista Sirina Martín sobre la reducción de farmacias de guardia, que el acceso nocturno a los medicamentos está «asegurado» porque se los facilitan en las urgencias de los centros de salud.
