El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió ayer que la flexibilización de los objetivos de déficit del Reino de España tengan reflejo en las exigencias que el Gobierno central marca a las comunidades autónomas. «Nos jugamos el futuro de los servicios del estado del bienestar», dijo, y argumentó que la ampliación del límite, fijado en principio en el 0,7 por ciento del PIB este año, beneficiará especialmente a la sanidad, la educación y los servicios sociales.
De Santiago-Juárez aprovechó la inauguración del primer foro del programa ‘Las comunidades autónomas en el siglo XXI’, que lleva el título ‘El futuro de los servicios públicos en Castilla y León’, para reivindicar al Gobierno de España que modifique el objetivo de déficit que exige este año a las autonomías si la Comisión Europea flexibiliza el objetivo al conjunto del país, que en principio debe reducirlo en 2013 hasta el 4,5 por ciento.
Al respecto, el portavoz del Gobierno autonómico sostuvo que es «radicalmente falso» que las comunidades sean unas «derrochonas» y que despilfarren el dinero público, mientras la Administración central es un «ejemplo de austeridad». De Santiago-Juárez echó mano de los datos sobre déficit público de 2012 para demostrar que las autonomías asumieron el pasado año en un 70 por ciento el ajuste de 24.000 millones, es decir, redujeron su déficit en 16.000 millones.
Asimismo, el consejero, que hizo una defensa al ultranza del estado de las autonomías, destacó que Castilla y León cumplió con lo exigido en 2012 y que al igual que otras ha priorizado los servicios públicos esenciales, que absorben el 80 por ciento del gasto no financiero de la Junta y el 90 por ciento de los recursos autonómicos. Reconoció que los ajustes han obligado a pedir «esfuerzos y sacrificios» a los profesionales de los servicios públicos y los ciudadanos.
El consejero de la Presidencia abrió el debate sobre la sostenibilidad de los servicios públicos ante el grupo de expertos que participaron en el primer seminario sobre esta materia. Explicó que el modelo de financiación autonómica es un sistema «fallido» y añadió que los ingresos públicos se han reducido notablemente. Por ello, señaló que los gobiernos autonómicos se vieron obligados a financiar con cargo al servicio de la deuda gastos estructurales «irrenunciables», lo que hizo que todas las administraciones se vieran envueltas en un círculo «vicioso» en el que el crecimiento del déficit retrae financiación para los servicios públicos al tener que hacer frente al pago de intereses.
Por último, consideró «radicalmente oportuno» la temática de la jornada de trabajo que él abrió y que continuó a lo largo del día en las instalaciones del centro ambiental PRAE de Valladolid. Destacó que esta sesión y la del 25 de marzo surgen del programa ‘Las comunidades autónomas en el siglo XXI’, que se puso en marcha en 2009 como un «laboratorio de ideas y propuestas» ante los principales «retos y problemas» de Castilla y León.
