El Juzgado número 2 de Segovia ha absuelto a una joven que había sido detenida por la Guardia Civil el pasado verano mientras tomaba fotografías de una actuación policial en el peaje de la autopista AP-6, en San Rafael.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de julio pasado, en que estaba convocada la conocida como ‘Marcha de Parados’, que reunió a cerca de un centenar de personas de Ávila, Segovia y Salamanca en una movilización contra la política de empleo del Gobierno de Mariano Rajoy.
Según estima la sentencia, el fotografiar una actuación policial “es legítima”, siempre que “no comprometa otros intereses”. Así lo recoge la resolución judicial tras el juicio que se siguió contra la joven que participó, en julio pasado, en la Marcha de Parados y que hizo fotografías a varios agentes de la Guardia Civil cuando los manifestantes pretendían acceder a los túneles de Guadarrama a través de la autopista.
Según la sentencia, “en un espacio público pueden tomarse fotografías de las personas que se encuentran en tales lugares, con ciertas limitaciones como las que operan respecto de los menores de edad”.
Por su parte, la Guardia Civil entendía entonces que grabar esas imágenes podría comprometer su seguridad porque eran subidas de forma casi inmediata a las redes sociales.
En las cabinas de peaje, un agente de la Guardia Civil de Segovia que participaba en el operativo policial de control de la marcha, observó que una joven realizaba fotografías, por lo que le “requirió la cámara para visionar las imágenes y borrar las comprometedoras, negándose a ello de forma reiterada”, según relata el agente en la denuncia.
Desobediencia
La negativa de la fotógrafa fue considerada por la Guardia Civil como una “resistencia o desobediencia frente al cumplimiento de una orden”, por lo que fue detenida. Sin embargo, el juez de Segovia matiza que en un estado democrático de derecho “no toda orden emanada de un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad”.
La denuncia de la Guardia Civil mantenía que la joven realizó fotos a los agentes de seguridad mientras realizaban su trabajo.
Por su parte, el juez incluye en los fundamentos de derecho que “no consta que exista ninguna norma general que impida grabar imágenes de una actuación de los agentes”, salvo las “limitaciones impuestas” por la protección de la intimidad “de cualquier ciudadano”.
Según ha declarado el abogado de la joven fotógrafo al digital eldiario.es se trata de un “supuesto de arbitrariedad y abuso policial”, que en la “mayoría” de las ocasiones “impiden el ejercicio de los derechos fundamentales básicos, como el de reunión o manifestación, o la libertad de expresión e información, unos derechos que son esenciales para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”. Para este letrado, la actuación de la chica es “admirable y digna de proteger e incluso de promover, animando a todos los ciudadanos a convertirse en informadores de los demás usando sus cámaras o sus teléfonos móviles”.
Cientos de personas, procedentes de Galicia, Asturias, León, Salamanca, Burgos, Valladolid o Segovia, se manifestaron dos días después, el día 21 de julio en Madrid, con el objetivo de exigir un «cambio en la gestión político-administrativa, económica y social del país».
