El PSOE pidió la retirada de la orden para la puesta en marcha del programa ‘Conciliamos en verano 2013’ por entender que los precios son «abusivos» para la clase media e «inasumibles» para las rentas más bajas, y defendió un plan gratuito y aplicable durante todo el año. Así lo manifestó la portavoz en Educación, Ángela Marqués, quien tildó de «impresentable» que se imponga un impuesto para todos.
Marqués ilustró la crítica con algunos ejemplos y aludió a que rentas de 750 euros al mes, que calificó de ‘mini jobs’, pagarán un diez por ciento de la misma si llevan a sus hijos a este programa, que estará operativo del 24 de junio al 31 de julio en 72 centros de la Comunidad. Con 18.000 euros anuales de renta se pagaba 80 euros en 2012 y serán 100 este año (25 por ciento), mientras que en el tramo 18.100 era la misma cantidad y ahora se eleva a 150 euros, un 87 por ciento.
De esta manera, rechazó que la orden de la Junta establezca un copago en función de la renta e insistió en que tales precios, por cinco semanas, son «abusivos» para las familias, por lo que pidió la retirada de la normativa, al tiempo que defendió un programa que este abierto todos los días del año, como el anterior de ‘Centros Abiertos’, suprimido por la Consejería de Educación.
Marqués, que afirmó desconocer si la orden cuenta con el apoyo de los sindicatos en el marco del Diálogo Social, manifestó que les es indiferente la consejería que debe gestionar el programa, en referencia a que antes se prestaba por Educación y ahora se asume por Familia, e insistió en que lo que quieren es que se dé una respuesta a las necesidades de las familias y «no se expulse a las rentas más bajas».
En la misma comparecencia, el secretario de Educación, Cultura y Patrimonio de la ejecutiva, Enrique Cabero, exigió la retirada del anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y la apertura de un nuevo proceso de diálogo con la comunidad educativa, partidos y sindicatos para la elaboración de un texto de consenso que tenga en cuenta el dictamen del Consejo de Estado.
Cabero recordó que su partido siempre ha pedido la retirada del texto presentado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pero añadió que ahora es una «exigencia» tras conocerse el informe del Consejo de Estado, al que se refirió para reiterar la petición. Así, subrayó que el dictamen refiere como el anteproyecto no tiene en cuenta los derechos fundamentales de igualdad y educación, carece de una memoria económica y no recoge la formación en el curriculum.
«Sí está la memoria del recorte, 4.000 millones en dos años; el anteproyecto institucionaliza el recorte», resumió Cabero, mientras que Ángela Marqués incidió en el informe de la Consejería de Educación que cifra en 51 millones para la Comunidad la aplicación de esa ley. En el próximo pleno, el Grupo Socialista llevará una proposición no de ley para hablar del «impacto» de esa normativa.
