El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció ayer que los peajes eléctricos, que cubren la parte regulada de la tarifa eléctrica, subirán un 6,5%, lo que implicará un encarecimiento del 3,2% en el recibo final de la luz previsiblemente en agosto.
Esta medida se inscribe en la reforma energética aprobada ayer por el Gobierno, que parte de un escenario en el que la alternativa era «la quiebra del sistema» o subir la luz un 40%, y en la que el Ejecutivo «no se casa con nadie», indicó el político en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La modificación permitirá recortar en 4.500 millones de euros el desequilibrio estructural del sistema eléctrico y repartirá su carga sobre consumidores, Presupuestos Generales del Estado (PGE) y empresas del sector.
De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 2.700 restantes procederán de los recortes de costes del sistema, imputables a las empresas.
Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz «más claro» para que «todos puedan entender la factura», al tiempo que la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. «No cambia de concepto», aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores.
La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios de potencia, mientras que la revisión de importes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos «automáticos» en la parte de los ingresos.
En cuanto a los importes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación.
Las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares.
En cuanto a la retribución del transporte y la distribución, que son actividades de «bajo riesgo», la nueva retribución será del tipo del Tesoro a 10 años más 200 puntos, lo que implica una «rentabilidad razonable» del 6,5%.
La carga sobre instalaciones del régimen especial y del ordinario se repartirá a partes iguales, mientras que el recorte al pago por capacidad implicará una reducción de 26.000 a 10.000 euros por megavatio (MW), al tiempo que se incrementa de 10 a 20 años el período de percepción.
Soria explicó que, de no haber tomado decisiones el actual Gobierno, el déficit anual sería de 10.500 millones y, de corregirse con subidas del recibo, requeriría incrementos del 42%. Tras las reformas ya adoptadas, la corrección necesaria sería del 19% si todo el peso cayese sobre el consumidor.
España, explicó, es para los usuarios domésticos el país de Europa con la electricidad más cara, por detrás de los sistemas insulares de Chipre y Malta, mientras que en el caso de los abonados industriales la luz también se sitúa «más alta que entre la mayoría de los competidores».
El recibo medio anual de luz en el país ha pasado de 360 euros al año en 2003 a 588 euros anuales en 2011, lo que implica un incremento del 63%, aseguró el ministro, quien calificó de «grave» el problema del sistema eléctrico.
Soria admitió tensiones con las eléctricas durante el diseño de la reforma energética, pero «no con ningún miembro del Gobierno, sino con el sector».
Según los cálculos de Facua-Consumidores en Acción, el recibo medio de la electricidad aumentará 2,42 euros al mes, con lo que alcanzará los 78,14 euros.
La subida anunciada ayer se produce después de que en julio la Tarifa del Último Recurso (TUR) registrase un incremento del 1,2% o 96 céntimos de media. Tras la medida, la TUR se habrá encarecido un 8% desde enero de 2012.
