Las patronales navarra y vasca han recibido sendas cartas en las que ETA les anuncia el fin de las prácticas de extorsión contra los empresarios de ambas comunidades, como consecuencia del alto el fuego permanente y general que la banda terrorista mantiene desde el pasado 10 de enero.
José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), informó ayer de la recepción de la misiva en una conferencia de prensa en la que señaló que, desde el pasado mes de octubre, no le consta que ningún colega suyo de su comunidad haya recibido amenazas.
El industrial, que precisó que la carta llegó a la sede de su confederación el pasado martes, explicó que «en ella se nos solicitaba que pusiéramos en conocimiento de los empresarios, en particular, y de la sociedad, en general, que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como le llaman, ha quedado cancelado».
Las Fuerzas de Seguridad ya habían constatado en los últimos tiempos que no se estaba produciendo caso alguno de coacción económica.
Prudencia
Fuentes de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) consideraron este hecho «positivo y esperanzador», pero insistieron en que es necesario mantener la prudencia. En términos parecidos se pronunció el director del Círculo de Empresarios Vascos, Enrique Portocarrero, quien añadió que «sería muy deseable que, si ETA quiere eliminar el chantaje, lo hiciera no solamente durante las elecciones».
La comunicación fue acogida igualmente con satisfacción por el Gobierno regional, que la calificó de «excelente noticia», y el PSOE, que, aunque se congratuló, recordó que «lo que la sociedad está esperando es el fin de la banda terrorista». En esto coincidió con el PP. El PNV utilizó el mismo discurso, y exigió a la banda su disolución definitiva e irreversible, en lugar de «anunciar el cese de sus actividades por secciones».
La izquierda abertzale, por su parte, aplaudió la comunicación de ETA, lo que, a su juicio, «viene a mostrar, una vez más, el compromiso y la voluntad de la organización para impulsar el proceso democrático y la superación definitiva del ciclo de confrontación armada».
Por otra parte, los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, coincidieron en su escepticismo ante la decisión de la banda. Así, pidieron poner en tela de juicio cualquier decisión de los terroristas hasta que pasen las elecciones, porque creen que se encuentra desempeñando una estrategia para lograr estar en las instituciones el 22 de mayo.
La extorsión a los empresarios, denominada por los terroristas impuesto revolucionario, ha sido una de las principales vías de financiación de la banda desde los años 70, gracias a la cual ha conseguido, entre 1978 y 2008, unos 115 millones de euros, según un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa.
Inicialmente, las amenazas se centraban en los grandes banqueros y empresarios, pero con el paso de los años se amplió hasta alcanzar a otros colectivos, entre ellos pequeños industriales o profesionales liberales.
Para reforzar las amenazas que la banda dirigía a las víctimas potenciales de su chantaje económico en sus cartas, ETA asesinó a 40 empresarios y secuestró a otros casi 50 desde que iniciase su actividad asesina.
El primer infortunado fue el director gerente de Sigma, Ángel Berazadi, que había sido secuestrado el 18 de marzo de 1976 y fue encontrado muerto en la carretera de Elgoibar a Azkoitia (Guipúzcoa) el 7 de abril de 1976.
El último industrial raptado por ETA fue Cosme Delclaux, hijo del presidente de Vidrieras de Álava, que permaneció en poder de sus captores desde el 11 noviembre de 1996 hasta el 1 de julio de 1997, mientras que el guipuzcoano José María Aldaya, propietario de dos empresas de transporte, vivió el cautiverio más largo, puesto que fue rehén de ETA durante casi un año, desde el 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996.
