Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a una persona en Segovia en el marco de la segunda fase de la operación Heracles, desplegada también en las provincias de Madrid, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz con nuevas detenciones, imputaciones y registros relacionados con el caso de los expedientes de regulación de empleos (ERE) fraudulentos de Andalucía que instruye la juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Fuentes del Instituto Armado confirmaron a Ical que el presunto implicado de Segovia en esta trama fue detenido ayer en Turégano. Las actuaciones se desarrollan como “resultado de la documentación recabada en los registros practicados en la primera fase de la operación Heracles, de donde se obtuvieron nuevos datos que apuntaban a personas que habrían participado en los delitos investigados”, informaron las mismas fuentes, quienes precisaron que la operación “sigue abierta”.
Los detenidos e imputados de ayer son miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones y empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos.
El caso de los ERE arrastra a jefes de la Diputación de Sevilla y de UGT
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La Guardia Civil desplegó y consumó ayer la segunda fase de la operación Heracles, encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y ERE irregulares. Con actuaciones en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, Madrid, Segovia y Barcelona, hasta nueve personas fueron detenidas, siendo imputadas medio centenar y habiéndose practicado una decena de registros domiciliarios. En la capital gaditana, que tiene el dudoso honor de batir récords de paro, fue arrestado el secretario general de UGT en la zona, Salvador Mera.
En la capital andaluza, el director del Área de Empleo de la Diputación, Enrique Rodríguez Contreras, fue inmediatamente cesado por la institución tras serles puestas las esposas por los agentes. Este político fue gerente del Instituto de Fomento en la provincia entre 2002 y 2004. Tanto su casa como su oficina fueron visitadas por los guardias civiles.
Según la jueza Alaya, era un hombre «de la absoluta confianza» del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, señalado en la investigación. Entre sus actuaciones destaca «el proceso inicial de las ayudas» concedidas a las empresas de corchos de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
También en la ciudad hispalense fue detenido el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, así como el registro del domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de este sindicato, que es la primera vez que aparece salpicado en esta trama.
