La decisión de Bruselas de exigir a España la devolución de parte de las ayudas a los astilleros entre 2007 y 2011 roba el sueño, además de a los empresarios, a las 85.000 familias afectadas por la determinación. No obstante, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha advertido de que el Gobierno irá hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de quienes han invertido en la construcción de barcos.
De entrada, Soria se reunirá esta semana con representantes de las tres autonomías (Galicia, Asturias y País Vasco), empresarios y sindicatos para preparar acciones conjuntas.
El ministro insistió en que el Ejecutivo considera que se ha actuado «con arreglo a derecho», y recordó que nunca, hasta 2009, se hizo ninguna consideración sobre el sistema que se estaba aplicando y cuando se hizo fue para recibir «la bendición» de Bruselas a través de la entonces comisaria de Competencia, Neely Kroes.
Por su parte, los trabajadores recibieron con estupor las palabras del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, al sostener que «me duele ver cómo se juega con el miedo de la gente que no van a tener que devolver ningún tipo de dinero», recalcando que «había sentido «vergüenza» por cómo se maneja ese temor».
Los empleados se preguntan si Almunia es o no consciente de que la resolución sobre el tax lease hace peligrar la construcción de 200 barcos y que el sueldo de ellos, unos 87.000, dependen de que se continúen fabricando en España.
Asimismo, la asociación de pequeños y medianos astilleros (Pymar), confía en que la resolución se haga efectiva lo más temprano posible y que se puedan terminar los 40 barcos que tienen en fase de construcción, ya que 2.000 millones de euros están en riesgo si no se cierra pronto el expediente.
El presidente de Pymar, Álvaro Platero, respecto a los cambios en los borradores de la resolución del tax lease, señaló que los astilleros españoles exportan el 90% de lo que producen y que el 80% de los armadores son extranjeros. «Sin ser mal pensados», ironizó, ese puede ser el motivo por el que «se ha excluido» a los armadores de la resolución final.
«Sufrimos la competencia desleal de los países asiáticos, por eso se crearon las ayudas a los astilleros, que han acabado en una guerra comercial provocada por Holanda, que ha ganado en los despachos lo que no ganaba en el campo», enfatizó Platero.
En este sentido, apostilló que, «casualmente», Holanda ha tenido un récord histórico de contratación de buques, y que espera que ahora ese Estado y los seis países investigados sean los que «prueben lo mismo que le han hecho a España».
En respuesta a las declaraciones de Almunia, en las que esperaba que en cinco años los que vaticinaban el fin del sector «se tengan que comer sus palabras», Platero manifestó que «ojalá tenga razón y se las tengan que comer mañana mismo», pero recordó al comisario que él «tenía en su mano haber sacado al sector de este berenjenal en el que lo ha metido».
Al mismo tiempo, comunicó que el Corte Ingles e Inditex, así como otros inversores, recurrirán a los tribunales la decisión, pero que el daño que se les ha causado en imagen es mayor que lo ganado con la inversión.
Evidentemente, Almunia no sale bien parado en ningún frente. De hecho, el economista Juan Valarde le califica como «el mayor incompetente» que ha tenido España en el Gobierno, además de afirmar que el exministro socialista «no sabe de economía».
Mientras tanto, la popular Fátima Báñez prometió que el Gobierno dará «la batalla hasta el final» para que se mantenga el sector.
