A pesar del revés dado por la Comisión Europea al exigir la devolución de parte de las ayudas a los astilleros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió ayer de que el Gobierno sigue considerando «que le asiste la razón» y ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Soria insistió en que el Ejecutivo considera que se ha actuado «con arreglo a derecho» y recordó que nunca, hasta 2009, se hizo ninguna consideración sobre el sistema que se estaba aplicando y cuando se hizo fue para recibir «la bendición» de Bruselas a través de la entonces comisaria de Competencia, Neely Kroes.
El ministro reconoció que la decisión final, comunicada por el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, «es menos de lo que se tenía que devolver hace una semana, pero mucho más de lo que se debería reintegrar».
Soria cree que la conversación que mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fue «absolutamente imprescindible» para que la Comisión replanteara el período de devolución de las ayudas. Antes se pedía de entre 2005 y 2011 y ahora se reclama recuperar las subvenciones concedidas de 2007 a 2011.
Por su parte, el comisario Joaquín Almunia, se defendió de las duras críticas que está recibiendo, manifestando que «me duele ver cómo se juega con el miedo de gentes que no van a tener que devolver ningún dinero». Y remarcó que «he sentido vergüenza por cómo se manejaba ese temor y se trataba de convertir a los trabajadores en los paganos de mi decisión».
Sobre las palabras de Almunia, Soria subrayó que los empleados «tienen todo su derecho» a defender sus puestos de trabajo, los astilleros y armadores a seguir fabricando y encargando barcos, y los inversores, a seguir apostando por el sector naval.
«El Gobierno español irá hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de quienes han invertido en la construcción de barcos», subrayó el titular de Industria, que dejó claro, además, que siempre han utilizado «argumentos jurídicos» para defender la posición española.
El ministro pidió a Bruselas que tenga en cuenta, además, que la alternativa no es que los barcos dejen de construirse en España para irse a otro país europeo. «El problema es que esa construcción donde se va es a Asia», remarcó.
Por otro lado, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se mostró convencido de que Almunia podría haber hecho más por los astilleros, ya que su decisión afectará a unos 200 barcos.
Mientras tanto, los trabajadores de los astilleros vizcaínos mostraron su protesta en una concentración masiva en Sestao.
