El Gobierno de Chipre continúa sin encontrar una solución para salir de la crisis en la que se encuentra inmersa y, ante la oposición del Parlamento de aceptar la controvertida quita a los depósitos bancarios exigida desde Bruselas para recibir el rescate aprobado la pasada semana, el Ejecutivo de Nicosia busca alternativas para financiar su parte del paquete de ayuda, cifrado en 5.800 millones de euros. Mientras el Ejecutivo y los grupos de la oposición siguen deliberando todo tipo de opciones, los bancos permanecerán cerrados hasta el próximo martes, por lo que los ciudadanos de la isla continuarán casi una semana más sin poder realizar operaciones financieras.
Ante la incertidumbre que se está creando en la isla, y sin una decisión firme por parte del Gabinete que dirige Nico Anastasiades, la Comisión Europea pidió que presenten «alternativas» a los impuestos a los ahorradores. Tras esta reclamación, los partidos políticos de la pequeña república mediterránea indicaron que discuten un plan B para reducir la cantidad que exigen sus socios comunitarios.
Entre esas opciones, se encuentra un posible respaldo de Rusia. Por este motivo, el ministro de Finanzas chipriota, Mijalis Sarris, viajó a Moscú para buscar ayuda, sin que, por el momento, se conozcan datos de esa reunión «constructiva», en palabras de Sarris, quien avanzó que las negociaciones continuarán en los próximos días.
Por su parte, la iglesia ortodoxa de la isla se mostró completamente dispuesta a hipotecar «todos sus bienes» e invertir el equivalente en bonos para apoyar a la economía del país, según aseguró el arzobispo de Chipre, Chrysostomos II.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que no dará liquidez a las entidades chipriotas si no se llega rápidamente a un acuerdo sobre el rescate que permita recapitalizarlos, según anunció un portavoz del organismo comunitario, que agregó que el ente emisor puede «proporcionar liquidez de emergencia solo a los bancos solventes».
Sobre la tasa a los ahorradores, el responsable del BCE aseguró que se trata de una solución «única» para la isla mediterránea por los desequilibrios de su sector financiero, que, a su juicio, no se dan en ningún otro Estado miembro. «Esto significa que ningún otro país necesitará este programa de ayuda similar», remarcó.
