La atribución de un posible delito societario a todos los consejeros de Caja Segovia ha levantado gran expectación entre los antiguos representantes de la entidad de ahorro. Algunos se han apresurado a declarar que ellos no participaron en la decisión de hipotecar el Torreón ni el resto de eficios. Otros han avanzado y se han personado, antes de recibir la notificación oficial, para poder acceder a la documentación que maneja el Juzgado número 5, que instruye el caso. Y sobre todo, ha sorprendido a la mayoría el hecho de que el último auto judicial haya girado el punto de mira en el proceso, y sean ahora quienes denunciantes de una posible manipulación de actas, los que se encuentran como inculpados.
Sólo una cuestión une a todos los consejeros que en principio pueden tener alguna responsabilidad: el hecho de que Bankia asuma la hipoteca y se exima así del posible delito societario, que imputa el Juzgado número 5 a los 15 consejeros que participaron en la reunión del 17 de julio de 2012. Sobre esta cuestión, el auto del juez recuerda que no está claro que Caja Segovia tuviera que responder de la deuda tributaria de Navicoas, que ya estaba declarada en concurso de acreedores desde seis meses antes.
Lo cierto es que ayer jueves se aceleró el ritmo cardiaco de muchos de los antiguos administradores. Algunos señalaron que no habían participado en dicha reunión porque ya no pertenecían al Consejo. Uno de ellos fue el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, quien había renunciado en noviembre de 2011. Ayer recordó que encontes “no estaba en el consejo, ya dije porqué me iba y, por lo que veo, demostré que la situación no era la más transparente”.
En la misma línea se pronunció el procurador y viceportavoz del PP en las Cortes regionales, Juan José Sanz Vitorio, quien se sumó al rosario de abandonos el 10 de mayo, una vez realizada la integración en Bankia. Sanz Vitorio expresó su “máximo respeto a los que están afectados y al trabajo de la justicia”. También Sanz Vitorio se refirió a la otra causa que se está investigando, sobre las retribuciones, y sobre las que el Juzgado número 2 ha pedido nuevas actas, de los años 2006, en que él aún no era consejero de Caja Segovia. “En los consejos que yo he participado no se adoptó ningún acuerdo en materia de retribuciones”, añadió, pero aún así “dejé clara mi postura, contraria a este asunto”.
También el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, se refirió ayer al tema de Caja Segovia y el auto de imputación para aclarar que su partido como tal no estaba representado en el Consejo. Puntualizó que las decisiones que se adoptaban en el Consejo se hacían “creo que avaladas por informes técnicos de la Dirección y por informes jurídicos de algunos letrados de prestigio nacional”.
También expresó cierta sorpresa por el hecho de que los inculpados ahora “son los que en su día pidieron a la Fiscalía que se aclarara el asunto, y quienes creían que debía ser Bankia la que se hiciera cargo de la hipoteca”.
Además añadió que ante esta contradicción el hecho de que se llame a declarar a los consejeros es un «paso lógico» en el procedimiento, pues ya dieron su versión los principales responsables de la entidad de ahorro, su presidente y su director general cuando se suscribió el préstamo con garantía hipotecaria.
Todos ellos confían en que Bankia asuma la deuda contraída por la entidad de ahorro.
Por último, desde la formación política UPyD, su portavoz, Luciana Miguel, anunció que van a pedir personarse en la causa, aunque ya están en la que instruye el Juzgado 2 sobre las retribuciones. Para ello se refirió a la “legitimación” que les corresponde “por representar a una parte de la ciudadanía perjudicada por estos acuerdos”. Por este motivo también ha insistido en que deben dimitir todos los cargos electos que fueron miembros del Consejo de Administración y sean suspendidos de militancia por su “ineptitud en puestos de responsabilidad”, señaló en un comunicado.
