Dos varones y una mujer se enfrentan a penas de 14, 11 y 5 años de prisión acusados los dos primeros de tráfico de cocaína y todos ellos de blanqueo de capital, relacionado con el dinero obtenido con la actividad de venta de la droga. Así se desprende del escrito de calificación remitido por la Fiscalía de Segovia en el que solicita la apertura del juicio oral, previsto para este mismo mes en la Audiencia Provincial de Segovia.
Los dos varones, cuyas iniciales son L. N. R. G., de 56 años y A. B. Y., de 46, fueron detenidos en julio de 2010, dentro de la operación antidroga ‘Bécquer’ desarrollada por la Guardia Civil de Segovia y en la que los agentes de este cuerpo de seguridad se incautaron de cerca de tres kilos de cocaína, dos turismos y 350.000 euros en metálico.
En ese momento, la Subdelegación del Gobierno aseguró que con esta operación llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Segovia se había conseguido desarticular “la mayor red de venta de cocaína implantada en la provincia”, fruto del trabajo de investigaciones y pesquisas realizado durante más de un año.
El citado equipo del instituto armado tenía sospechas de que A. B. Y., con residencia en el barrio de Nueva Segovia de la capital, podía dedicarse a la venta de cocaína, por lo que inició un estrecho seguimiento de sus actividades.
Las primeras investigaciones permitieron averiguar que se abastecía de una persona que residía en el cercano municipio de La Lastrilla. Así las cosas, la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia, bajo cuya dirección se desarrolló la operación, la primera con el teniente coronel Juan Miguel Jiménez al frente de la Comandancia de Segovia.
Éste informó en su momento que los agentes encargados de la investigación tuvieron que realizar intensas vigilancias y seguimientos, dado que los presuntos integrantes de la red tomaban importantes medidas de seguridad, como cambios frecuentes del lugar donde guardaban la droga.
Siguiendo el relato de la fiscal encargada del caso, el 8 de julio de 2010 pudieron escuchar una conversación entre los dos acusados, ya que el teléfono móvil de uno de ellos estaba intervenido con autorización judicial. Los agentes supieron así que habían quedado en un paraje de Revenga en el que L. N. guardaba gran cantidad de droga, útiles destinados a su elaboración y pesaje y también dinero procedente de la venta de sustancias estupefacientes.
Una vez en el lugar, L. N. entregó a A. una mochila con casi tres kilos de cocaína, que este último trasladó en un vehículo a su residencia de Segovia. El 9 de julio la Guardia Civil realizó el registro de la misma, encontrando en el interior de la mochila, entre otros objetos, un kit completo para conocer la pureza de la droga. La cocaína fue hallada en 22 bolsas escondidas en neveras (una de ellas portátil) y, tras su análisis, se supo que contenían 2.883,63 gramos de una pureza entre el 67,7 y el 78,80 por ciento.
La Guardia Civil estimó en ese momento que la droga podría haber sido distribuida en 8.000 dosis y el valor aproximado que hubieran obtenido los traficantes podía alcanzar 480.000 euros.
Una investigación posterior determinó, según la Fiscalía de Segovia, que durante un periodo de tiempo indeterminado pero, al menos desde enero de 2005, el acusado L. N. R. G., junto a su compañera sentimental, M. Y. de F. de P., con la que convivía en un piso de La Lastrilla, realizaron, de común acuerdo, diferentes operaciones con la finalidad de ocultar los beneficios de la venta de cocaína.
En este sentido, señala que ambos acusados tenían importantes ingresos que excedían con mucho lo que podían recibir como salario en sus respectivos trabajos, él como albañil y ella como empleada de una tienda. Así, con el dinero procedente del tráfico de droga la pareja adquirió tres vehículos, dos solares, una vivienda, joyas por valor de 59.633 euros y vinos de excelencia por importe de 14.734 euros. Además realizaron diversos ingresos y movimientos en un total de once cuentas de varias entidades financieras y suscribieron un seguro de vida y otro de rendimiento.
Por su parte, A. B. Y. tenía ocho cuentas en tres entidades distintas y adquirió tres coches y una motocicleta con el dinero procedente de la actividad delictiva, según la fiscal.
Por todo ello, el Ministerio Público solicita 14 años de prisión para L. N. (9 por un delito contra la salud pública y 5 por blanqueo de capital), 11 años de cárcel para A., (7 y 4, respectivamente) y 5 para M. Y., por un delito de blanqueo de dinero.
