El Ministerio de Agricultura ha dado los primeros pasos para la celebración de elecciones en el campo y medir la representatividad de las organizaciones a nivel estatal con la elaboración de un anteproyecto de ley por el que se va a realizar lo que el propio texto califica como una consulta, no como un proceso electoral. Se trata de un proyecto que se supone deberá negociarse con el conjunto de las actuales organizaciones agrarias que se consideran como interlocutoras a nivel estatal.
En la actualidad, la representatividad en el sector se mide por diferentes baremos, entre los que destacan los resultados de los comicios celebrados en los últimos años en algunas comunidades autónomas, así como por otros conceptos como el número de oficinas abiertas. Por un acuerdo tácito, hoy la representatividad a nivel estatal para las negociaciones con las Administraciones la tienen a partes iguales las organizaciones Asaja, COAG y UPA, aunque tradicionalmente se consideraba que la primera de ellas, tras su integración con las organizaciones Ufade y parte de Jóvenes Agricultores, representaba al 40%, COAG, antes de la escisión de lo que ahora es la Unión de Uniones, otro 40% y un 20% UPA.
Las últimas elecciones con carácter nacional celebradas en España se remontan a 1978, lo que antiguamente eran las Cámaras Agrarias. Desde esa fecha, de acuerdo con las nuevas disposiciones sobre estos entes, en las últimas décadas han tenido lugar nuevas elecciones en varias comunidades autónomas. Sin embargo, mientras en unos casos se han celebrado hasta dos convocatorias, en otras regiones no se ha llevado a cabo ninguna, por lo que los resultados a nivel estatal, aunque reflejan las tendencias, no se pueden considerar totalmente válidas para adoptar una decisión sobre la representatividad en el campo para los trabajadores por cuenta propia.
La celebración de comicios en la actual legislatura no es una idea nueva, sino simplemente el cumplimiento de uno de los compromisos que contempló Arias Cañete en su programa para el departamento.
En el anteproyecto elaborado por el Ministerio para el desarrollo de esta consulta, hay cuatro cuestiones que son claves y que van a tener una influencia decisiva en los resultados de la misma, al margen de la implantación de cada sigla en el campo.
Una primera cuestión es la elaboración del censo y definir quiénes son los que tendrán derecho a voto. Es un tema para el debate. Oficialmente, se plantea que puedan votar los trabajadores por cuenta propia que se hallen dados de alta en el régimen de autónomos y que estén ejerciendo la actividad. Se estima que esa cifra podría elevarse a unas 265.000 personas, los que se consideran los más profesionales del campo. Igualmente podrían votar quienes tengan unos ingresos por ayudas superiores a los 3.000 euros y los que puedan justificar, con su declaración de la renta que, al menos un 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad, aunque no se hallen dados de alta como agricultores en la Seguridad Social. Si se trata de personas jurídicas, empresas, las mismas deberán facturar al menos 10.000 euros.
Un segundo aspecto en esta convocatoria es que el anteproyecto contemple un período de 15 días con las urnas abiertas en las subdelegaciones del Gobierno, algo que no se conocía en cualquier otra consulta electoral.
Un punto relevante para el desarrollo de la votación es la propuesta oficial de que los trabajadores, además de tener la posibilidad de ejercer su derecho por correo, lo deban hacer en una sola urna colocada en la capital de la provincia. Eso va a suponer que miles y miles de posibles votantes se deban desplazar a distancias de ida y vuelta superiores a los 200 kilómetros con los consiguientes gastos en tiempo y dinero. Este aspecto puede suponer una elevada abstención, frente a la tradición de elecciones donde los agricultores votan en su pueblo o se organizan colegios entre varios pueblos para un determinado número de electores.
Finalmente, otro punto para el debate previo es la definición de quiénes se pueden considerar como las organizaciones agrarias más representativas. En el anteproyecto que elaboró el propio Ministerio de Agricultura el pasado mes de enero, se contemplaba la necesidad de reunir, al menos, el 5% de todos los sufragios emitidos. Ese porcentaje se justificaba ante la necesidad de dar más cancha a la representatividad agraria, abrir más el abanico, frente al 10% que se exigía en las elecciones a las Cámaras Agrarias a nivel estatal o al 20% en las comunidades autónomas. Frente a esos planteamientos, en el actual anteproyecto se plantea que la organización más representativa será la que haya obtenido, al menos, el 15% de los votos emitidos a escala estatal y el 5%, al menos, en tres comunidades autónomas. Las organizaciones que no sumen esos porcentajes no se considerarán como representativas y, en consecuencia, quedarán fuera de las políticas de subvenciones, de las mesas de negociaciones y de la asignación temporal del patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias.
