Secundando una protesta convocada a nivel nacional contra el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el PSOE reunió ayer a un buen número de alcaldes y concejales en Revenga, en rechazo a un texto que, según el portavoz de los socialistas en la Diputación, José Luis Aceves, vulnera el principio de autonomía local, invade las competencias de las comunidades autónomas y no consigue su principal objetivo, la racionalización de las finanzas locales.
Bajo una pancarta con el eslogan “Este pueblo no se vende”, los concentrados en la Plaza Eras del Mayo escucharon un manifiesto, leído por varios dirigentes políticos y sindicales, en el que se criticaba con dureza el proyecto de ley que será debatido, la próxima semana (días 18 y 19 de diciembre), en el Congreso de los Diputados.
Aceves dijo haber constatado la existencia de un “clamor popular” contra dicho proyecto de ley, al que censuró por “querer cargarse servicios que nadie discute que funcionan bien”, en referencia a los municipales. El texto propuesto por el PP, agregó el socialista, “va en contra de la administración local, la mejor considerada por los ciudadanos”, asegurando a continuación que lo que los ayuntamientos necesitan es “una buena ley de financiación”, donde queden claras sus competencias. “Lo que intentan —continuó Aceves— es una privatización encubierta de los servicios públicos”.
Miguel Ángel Mateo, de UGT, calificó de “ataque a la democracia” el proyecto de ley, que el PP pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014. A su juicio, en caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy no de marcha atrás, el desarrollo del texto tendrá “efectos catastróficos” para el medio rural segoviano. “¿Qué va a pasar con los 4.000 ó 5.000 empleados públicos de las entidades locales?”, se preguntó Mateo. Seguidamente, el dirigente sindical prosiguió con una larga lista de interrogantes sobre el futuro del servicio de ayuda a domicilio o los consultorios locales en la provincia. Incluso, advirtió que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) desaparecerá de Segovia, dado que el proyecto de ley indica que “no puede financiarse ni con un solo euro de las entidades locales”, como ocurre ahora, en que el Ayuntamiento y la Diputación consignan partidas económicas a este fin en sus presupuestos. En opinión de Mateo, los alcaldes de localidades de menos de 5.000 habitantes “van a quedar para sacar al Cristo el día de la fiesta y para hacer el hoyo en el cementerio cuando muere un vecino”.
Por su parte, José Andrés Orejana, de CC.OO., alertó sobre la pérdida de puestos de trabajo que provocará la entrada en vigor de la ley. Además, estimó que el texto que el PP propone para su debate no hace sino vaciar de contenido competencial a los ayuntamientos, disponiendo que las diputaciones asuman la prestación de servicios básicos. A ese respecto, pronosticó que si el PP logra su propósito de sacar adelante su proyecto de ley “habrá peores servicios para los ciudadanos y más costosos”. Por último, reveló que el proyecto de ley supone olvidar los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la ‘Carta Europea de Autonomía Local’ de 1985, que establece que las entidades locales tendrán “libertad plena” para llevar a cabo iniciativas en materias que no estén atribuidas a otra autoridad.
El caso de Revenga.- El anfitrión de la concentración de ayer, el alcalde de Revenga, José Luis Cañas, recordó que a su pueblo “se le quitó la independencia” en 1971 y, a consecuencia de ello, estuvo “abandonado durante un montón de años”, periodo durante el cual “lo que se recaudaba aquí iba al Ayuntamiento de Segovia y no volvía nada”. Cañas reconoció que la “buena sintonía política” existente en los últimos años con el equipo dirigido por Pedro Arahuetes “ha conseguido que se hicieran bastantes cosas” en la ahora entidad local menor. Cañas citó, entre ellas, la reforma del Ayuntamiento de Revenga, la ampliación del consultorio médico o la pavimentación de calles. Ahora, él cree que “la mala situación que nosotros vivimos y, por fortuna, hemos conseguido enmendar, se va a generalizar a todos los pueblos de España con la ley que quiere aprobar el PP”.
En su intervención, el alcalde de Revenga negó que las corporaciones locales supongan una carga para la economía española. “Se trata —dijo— de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento de las entidades locales está en torno al 4% del PIB”. De acuerdo a sus datos, las administraciones locales son las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento.
“El ciudadano —prosiguió su discurso— acude a quien mejor le presta los servicios, y si lo hace a los municipios en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial es porque percibe que cubren mejor sus necesidades”.
En sintonía con los dirigentes del PSOE y los dos principales sindicatos, Cañas advirtió de la “clara tentación” del PP por privatizar la gestión de los servicios públicos, algo que, a su entender, “redundará en unos servicios de menor calidad y mayor coste”.
