El enfrentamiento que mantienen desde hace semanas el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León por los fondos estatales pendientes del programa de desarrollo rural continúa sin visos de solución. Ahora, el foco de controversia se centra en los 4,5 millones aportados por Seiasa para la modernización de regadíos, ya que Madrid considera que se incluyen en los fondos previstos en el plan, mientras que la Consejería se opone porque «son reembolsables por los regantes».
Mientras tanto, las organizaciones profesionales agrarias recuerdan que los perjudicados son en torno a 50.000 agricultores y ganaderos, a los que aún se les adeuda una parte de este plan. Por ello, las opas hacen un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones para hacer frente a los pagos de forma inminente.
Representantes de Asaja, Upa, Coag y Uccl, tras reunirse la semana pasada con la consejera Silvia Clemente, celebraron un encuentro con el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, para conocer cómo está el asunto. Sin embargo, a la conclusión los dirigentes agrarios calificaron de «sorprendente espectáculo» la actitud de ambas administraciones, con versiones tan contrapuestas y con «los profesionales del sector agrario como únicas víctimas y perplejos ante esta descoordinación».
Esta «confrontación dialéctica» afecta a la cofinanciación del 50 por ciento de fondos comunitarios del Plan de Desarrollo Rural correspondientes a 2012, y que consisten en ayudas imprescindibles como la incorporación de jóvenes, cese anticipado, modernización de explotaciones, mejora de infraestructuras, modernización de regadíos, indemnización compensatoria de montaña, ayudas agroambientales, bienestar animal, forestación de tierras o recuperación forestal.
Asaja criticó que no haya un compromiso claro del ministerio para que las ayudas que deberían haber cobrado en 2012 se haga a lo largo de 2013 y señaló que el encuentro «no se ha traducido en ningún avance claro».
Por su parte, el Ministerio recordó que la Junta asumió el pago de los 4,5 millones de Seiasa dentro del Programa de Desarrollo Rural con la firma de un convenio en 2009 entre Silvia Clemente y el Gobierno socialista de Zapatero.
Haddad explicó que la reprogramación para 2013 pactada a finales del pasado año supuso la reducción de 141 millones entre la Administración General del Estado (AGE) y la autonómica, dado que los fondos europeos se mantienen y «no se perderá ni un céntimo». Al respecto, con un techo de gasto de 45,5 millones, calculado al dividir los 136,6 millones que faltan del PDR -de los 475 totales entre 2007 y 2015- entre los tres años que restan de aplicación hasta 2015, Haddad sostuvo que ya se han abonado 13,3 millones del Fega, más los 4,5 problemáticos de Seiasa y otros 4,3 procedentes de remanentes del ejercicio anterior.
Mientras tanto, la Junta rechaza el planteamiento del Ministerio de Agricultura, e insiste en que ha remitido, entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2013, peticiones de fondos del Programa de Desarrollo Rural por 44.311.518 euros; y de ello «sólo ha transferido 17.693.365,09 euros, por lo que está pendiente 26.618.153,26 euros».
