El PP pidió ayer en el pleno la convocatoria de una Comisión Informativa de Hacienda para que el Gobierno municipal (PSOE) ofrezca una explicación sobre un decreto de Alcaldía que ha anulado las multas de tráfico impagadas y de imposible cobro al haber prescrito en, al menos, los últimos cinco años. Según quedó de manifiesto en la sesión plenaria, por estas multas no cobradas el Ayuntamiento ha dejado de ingresar un total de 431.810 euros; algo menos de la mitad de lo que suelen recaudar cada año las arcas municipales por el cobro de sanciones que imponen los agentes de la Policía Local.
Este decreto de Alcaldía, el número 4784, que anula las multas «caducadas», fue uno de los cuatro que la Secretaria General del Ayuntamiento dio lectura en el pleno por petición de los populares, quienes, en el turno de ruegos, solicitaron al alcalde, Pedro Arahuetes, la convocatoria de la Comisión de Hacienda, alarmados por el importe sin cobrar. Desde el PP afirman desconocer las razones del decreto, de la anulación de las multas, a cuantas sanciones corresponde y a qué periodo.
A preguntas de este diario, el concejal de Economía, Hacienda y Urbanismo, Alfonso Reguera, no acertó a precisar el porqué la medida se había adoptado por decreto y no a través de un dictamen de la Comisión, aunque, en todo caso, la restó trascendencia. Según dijo, el decreto supone una «regulación contable, estrictamente», en el sentido de dar de baja a todas aquellas sanciones de tráfico que han prescrito «desde el año 2008 e incluso anteriores».
De acuerdo con sus explicaciones, este paquete de multas seguían figurando en la contabilidad de recaudación ejecutiva, como cantidades pendientes de cobro, aunque «eran imposible de cobrar». «No hemos perdonado multas a nadie», defendió Reguera, quien insistió: «por diversas circunstancias no se han podido cobrar en los últimos años, pero seguían dadas de altas como pendientes de cobro, cuando en realidad ya habían prescrito».
¿A qué obedece entonces este decreto para «eliminar» todas las multas de imposible cobro?. ¿Por qué no se ha hecho esta «limpieza» con una cierta perioricidad en años anteriores?. Reguera sostiene que esta «regularización contable» persigue «saber la deuda real que podemos cobrar o no». Y añade: «Llega un momento en que no puedes cobrar algunas multas y no tiene sentido tenerlas pendientes». El decreto de Alcaldía se corresponde con «muchas multas y muchos años», lo que explica, según el concejal, el alto importe económico al que se hace referencia. «Ciertamente hemos dejado de recaudar ese dinero, pero no todas las multas que se emiten se cobran, una parte son imposible», afirma.
¿Cuáles son las multas de tráfico que imponen los agentes y que no puede cobrar el Ayuntamiento?. El concejal mantiene que la mayor parte de las que prescriben corresponden a ciudadanos extranjeros a los que sido imposible notificar la sanción o de empresas de fuera de Segovia que han pasado a situación de quiebra y han desaparecido. También se corresponden con ciudadanos que, pese a ser localizados por los servicios de recaudación municipal, no pagan la sanción, sea porque ya tienen embargadas las nóminas o porque su sueldo es inferior al salario mínimo y no tienen bienes que embargar y con los que hacer frente a su deuda con el Ayuntamiento.
Reguera insistió en que el equipo de Gobierno no tiene ningún inconveniente en explicar esta medida en la Comisión de Hacienda, a través de informe de la Tesorería General. Para el concejal socialista, el PP trata de «sacar las cosas de quicio» porque, al igual que las multas, cada año el Ayuntamiento no puede cobrar tasas o impuestos por diferentes circunstancias.
Cada año el Ayuntamiento recauda, como media, alrededor de 1,2 millones de euros por las multas de tráfico que imponen los agentes de la Policía Local. Los agentes gastaron, el pasado año 2012, menos hojas de su libreta. Pese a estrechar su vigilancia sobre los conductores, los agentes impusieron unas 3.000 multas de tráfico menos con respecto al año anterior.
Según datos de la Concejalía de Tráfico, el año 2012 se impusieron un total de 24.509 sanciones de tráfico, frente a las 27.503 del año 2011; lo que supone una caída del 11% (3.094 multas menos). Como es habitual, la mayoría se corresponden con denuncias por infringir la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA), con 15.703, lo que supone 1.184 más que en 2011, un incremento que obedece a la ampliación de la zona azul.
El dato más revelador se refiere a las sanciones formuladas directamente por los agentes, que fueron 8.806 en 2012, frente a las 11.983 del año anterior; esto es, 3.177 menos, una reducción nada despreciable. También ha sufrido una notable reducción el número de sanciones por acceder sin autorización a la Plaza Mayor. Con ayuda del sistema de lectura de matrículas se impusieron 2.656 multas, 659 menos que en 2011. Y un total de 1.061 conductores recibieron la correspondiente multa después de que la grúa retirara su vehículo de la calle, 75 menos que en 2011.
