El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, dejó ayer sin efecto la declaración de la Infanta Cristina en calidad de imputada prevista para el próximo 27 de abril a las 10,00 horas, hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado por la mañana por la Fiscalía Anticorrupción.
Según alegó el magistrado instructor en una providencia que ha dictado después de que el fiscal Pedro Horrach haya impugnado el auto de imputación de la hija del Rey Don Juan Carlos, el mantenimiento de la fecha prevista «haría ineficaz y dejaría carente de contenido» el recurso del Ministerio Público, puesto que la resolución de la Audiencia «difícilmente» podría llegar antes del día 27.
En la misma resolución, el juez da traslado del recurso a las demás partes personadas en la causa para que, en un plazo de cinco días, puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente en torno al contenido del escrito de impugnación, que no ve indicios suficientes para proceder al encausamiento de la mujer de Iñaki Urdangarín.
Cabe recordar que en el citado recurso, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach solicitó a Castro que suspenda la declaración de la Infanta Cristina, hasta que la Audiencia Provincial no resuelva sobre el mismo.
En la citada instancia, Horrach señala que «no se entiende» el sentido de la imputación realizada por el togado, teniendo en cuenta que en la fase procesal en la que se encuentra el caso Nóos, y concluida la investigación de la causa, no hay «elementos incriminatorios» que sustenten una acusación formal contra Cristina de Borbón.
En este sentido, asegura que la aplicación del principio acusatorio conllevará necesariamente el «sobreseimiento» de la causa respecto de la esposa del exjugador de balonmano.
Asimismo, recalca que la Infanta «ni es titular, ni es autorizada o apoderada en cuenta corriente alguna vinculada al Instituto Nóos o a la Fundación Deporte, turismo e integración social, por lo que, en su opinión, el citado precedente judicial ofrece «nulo apoyo al razonamiento jurídico del instructor».
Por otro lado, Castro recuerda que en el sistema procesal penal son «las acusaciones públicas, particulares o populares quienes determinan los hechos delictivos y los presuntos responsables en sus escritos de acusación y de solicitud de apertura del juicio oral».
Además, ayer se supo que el despacho del abogado y exsecretario general de CDC, Miquel Roca Junyent, se encargará de la defensa de la Infanta por expreso deseo de la Casa Real. El bufete del también padre de la Constitución contará con la ayuda del abogado y catedrático de Derecho penal Jesús María Silva, del despacho Molins & Silva, que tiene un acuerdo de colaboración con el primero.
Charla
Casi inmediatamente después de que se conociera la noticia, Roca manifestó que, «lógicamente», ya había hablado con la hija del jefe del Estado de cara a su defensa en el caso de que no prospere el recurso que Anticorrupción ha presentado.
En declaraciones a los medios a las puertas de su despacho en Barcelona, aseguró que, por tener «una agenda complicada», en este momento no contempla reunirse con Mario Pascual Vives, abogado del marido de Doña Cristina, Iñaki Urdangarín, de cuyos negocios irregulares la Infanta era presuntamente colaboradora necesaria, según el auto del juez Castro.
La reacción del letrado fue positiva, ya que le parece «adecuado y conveniente» que otra persona se encargue de defender a la mujer de su cliente.
Muchas fueran las reacciones, como la de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que mostró su «respeto más absoluto a la Justicia», mientras la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcaba que la Administración no va a pagar la defensa de la hija del Rey.
Desde la otra acera, la de Ferraz, afloraban una vez más ambigüedades. Mientras las Juventudes pedían la III República ante el mutismo de la cúpula de Rubalcaba, el líder del PSC, Pere Navarro, insistía en que el Príncipe Felipe tenía el deber de regenerar la institución, y que el Rey debía dimitir.
