En pleno revuelo con el presunto espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana (NSA) a ciudadanos, empresarios y políticos nacionales, con llamada al embajador de EEUU en Madrid, James Costos, incluida, Washington dio ayer un giro de tuerca a la polémica, al asegurar que las acciones de vigilancia realizadas en suelo patrio las llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y no el organismo estadounidense.
Según publicó The Wall Street Journal, las autoridades norteamericanas aseguran que las conversaciones telefónicas grabadas (más de 60 millones en apenas un mes, según se desprende de un documento del exasesor de la NSA Edward Snowden) fueron interceptadas por los servicios secretos españoles y, posteriormente, compartidas con la agencia estadounidense «como parte del trabajo para proteger a las tropas y civiles americanos y a sus aliados». Además, según fuentes gubernamentales, en Francia, que también denunció la pasada semana las presuntas prácticas de vigilancia, sucedió exactamente lo mismo, con la colaboración de los organismos de Inteligencia galos.
El periódico subrayó que estos datos suponen «un vuelco» en la versión que habían denunciado las autoridades europeas en los últimos días y pone el foco en la implicación de las agencias que trabajan estrechamente con la NSA.
Asimismo, en el artículo, titulado EEUU dice que Francia y España ayudaron a la NSA a espiar, se apunta que las llamadas intervenidas fueron recogidas en zonas de guerra y en áreas más allá de las fronteras de estos países.
Horas antes de que esta información viera la luz, la Fiscalía de Criminalidad Informática abrió diligencias informativas para averiguar si existe materia penal que investigar sobre las presuntas escuchas ilegales y si el Ejecutivo tiene competencia para hacerlo. Según el Ministerio Fiscal, la decisión se tomó «con el objetivo de determinar la realidad de los hechos y sus circunstancias, así como, en su caso, efectuar la oportuna valoración jurídica de dichas conductas y de su trascendencia penal», según una nota remitida por la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró que la presunta vigilancia de la NSA a países europeos sería un hecho «muy lamentable» si finalmente se confirmara, pero que también lo sería que una actividad así cometida por una agencia de Inteligencia haya salido a la luz.
El conservador insistió en que «todas las naciones tienen servicios secretos», pero agregó que existe una «regla de oro», que consiste en que «esos servicios sean, efectivamente, secretos», por lo que criticó que, a parte del supuesto espionaje en sí, éste haya saltado a la opinión pública.
Acerca de la respuesta que debería dar España ante un hecho así, Morenés afirmó que, primero, hay que esperar a las explicaciones que ofrezca la Casa Blanca. «Estamos esperando y, en función de eso, tendremos una conversación con nuestros aliados para que esto no vuelva a ocurrir», sentenció el popular.
