Conseguir una administración moderna, ágil, trasparente, eficiente y austera. Bajo este principio, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, desveló ayer una batería que incluyen 66 medidas de muy diversa índole. Unas de carácter organizativo interno, otras de coordinación con otras instituciones, junto a cambios ligados a la modernización de los procesos y una nueva vuelta de tuerca al sector público hasta dejarlo en casi la mitad de lo que era hace dos años, cuando comenzó el proceso.
De Santiago-Juárez destacó ante las Cortes, que Castilla y León tiene «una de las mejores administraciones de España; numerosos reconocimientos que así lo avalan», pero también señaló que hay margen para mejorar con el convencimiento de que la modernización «es un proceso constante y dinámico».
El consejero de la Presidencia evitó especular con los posibles ahorros y sólo se limitó a concretar en las materias en las que existen datos concretos y según estas primeras estimaciones, el Ejecutivo regional podría ahorrar 45 millones de euros al año, cantidad que se podría sumar a los 265 millones acumulados por la simplificación electrónica, el ajuste del sector público o la reforma de las instituciones propias de autogobierno llevados a cabo en Castilla y León desde 2006.
«La aplicación de medidas de austeridad y eficacia en el ámbito de la Administración tiene un impacto económico importante, pero la cuantificación es difícil», precisó.
Los cambios en la organización interna para evitar duplicidades son, en principio, los más fácilmente cuantificables. Así, sólo la simplificación de las estructura administrativa de la Gerencia Regional de Salud en torno a un 20% puede suponer una ahorro potencial estimado en 12,6 millones de euros anuales. Una acción similar en Servicios Sociales supondrá también una reducción de 1,5 millones en gasto.
Otra de las actuaciones que llamó la atención fue la propuesta lanzada para flexibilizar los instrumentos de ordenación y gestión del personal, con un sistema similar al que ya funciona en los hospitales públicos donde parte del personal no está adscrito a un servicio concreto sino a estructuras más amplias, con lo que «se abre paso a una gestión mucho más racional y eficaz, adaptada en cada momento a las necesidades y demandas del ciudadano».
Durante la comparecencia, el consejero de la Presidencia hizo balance de las medidas puestas en marcha por la Junta, sobre todo desde hace dos años. Especialmente en el sector público la reestructuración ha supuesto un ahorro de 18,1 millones de euros y actuaciones que continuarán, según anticipó, con cambios normativos que limiten la creación de nuevos entes.
En los dos últimos años, se ha reducido en 2.000 el número de empleados públicos de la Administración regional, al pasar de 87.721 a 85.631, según los datos aportados ayer en el Pleno, pero sin embargo en Sanidad y Servicios Sociales las plantillas han aumentado, 200 sanitarios, de 33.581 a 33.781; y 218 en Familia, de 4.964 a 5.182. «Eso es lo importante, reducimos donde entendemos que se puede reducir y aumenta donde creemos que es prioritario», dijo el consejero.
De Santiago Juárez también avanzó que la Comisión Bilateral de la Junta y el Gobierno tratará otras cuestiones incluidas en el informe de la CORA. «Nuestra posición se guiará por el criterio que ya he señalado: diremos sí siempre que se preste un mejor servicio al coste actual, o el mismo servicio a menor coste», apuntó.
El consejero de la Presidencia intervino a petición propia ante el Pleno de las Cortes bajo la fórmula de comunicación, lo que amplía el debate y permite a los grupos de la oposición presentar propuestas de resolución para incorporarlas a la propuesta del Ejecutivo de cara a negociar una ley de modernización de la administración que la Junta tiene previsto aprobar por la vía de urgencia en marzo.
La postura de todos los grupos fue de disposición a realizar propuestas y consensuar las medidas en pro de una administración más racional.
