Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE llegaron ayer a un acuerdo para dar salida a miles de afectados por las preferentes, que incluirá la creación de una comisión de seguimiento que decida el perfil de cliente que puede recurrir al arbitraje para recuperar hasta el 100% de su inversión.
Según informaron fuentes parlamentarias, el arbitraje está pensado inicialmente para los perjudicados por las participaciones vendidas por las cajas integradas en CatalunyaBanc, Novagalicia y el grupo Bankia.
Sin embargo, «eventualmente», podría aplicarse un procedimiento similar para otras entidades que se prevé que sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, «si se identificasen problemas de comercialización» como los que hubo en aquellas firmas.
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En concreto, se tendrán en cuenta datos como si hay irregularidades en la documentación, si no existe la firma o si el suscriptor es menor de edad o minusválido psíquico. Además, también se valorará el perfil del titular del producto, en particular del resultado del test de idoneidad, la renta, la profesión o la proporción de la cantidad reclamada respecto al patrimonio.
El arbitraje tendrá en cuenta los intereses que haya generado la inversión, ya que la rentabilidad de este tipo de productos es muy superior a la de depósitos corrientes.
Por eso, a aquellos titulares de preferentes que, durante estos años, hayan cobrado importantes beneficios se les descuente la diferencia de lo que habrían ganado de haber tenido invertido su dinero en productos de menor riesgo. «Esa sería la única posibilidad de quita, para ajustar el tipo de más que se haya podido recibir, porque sería injusto que, además de haber percibido un tipo de interés más alto, se devolviera el conjunto de la inversión».
Por contra, en los casos donde no se hayan ingresado apenas rendimientos de esos productos, los suscriptores podrían, incluso, recibir una cantidad superior a la inversión nominal, añadiendo los intereses que les habrían generado otros títulos.
La comisión estará presidida por la también presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el Banco de España ostentará la vicepresidencia de la delegación de seguimiento para supervisar los procedimientos de arbitraje de preferentes y deuda subordinada comercializados por las entidades nacionalizadas a particulares. El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos.
