Cuatro días después de que se produjera el presunto ataque del Ejército sirio con armas químicas en la periferia de Damasco, y apenas unas horas más tarde de que el Ejecutivo de Bachar al Asad amenazase a la comunidad internacional para paralizar una eventual intervención militar en el país árabe, el Gobierno reculó ayer en su actitud y anunció que permitirá «con efecto inmediato» el acceso de los inspectores internacionales a cualquier lugar donde se tenga sospecha de que haya sucedido un bombardeo con gas venenoso.
La decisión se tomó después de una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Walid al Muallim, y la alta representante de Naciones Unidas para el Desarme, Angela Kane, que determinaron que los enviados de la ONU podrán comenzar a trabajar hoy mismo.
En este sentido, Al Muallim insistió en que el Gabinete está «dispuesto a cooperar en esta investigación para desenmascarar las mentiras de los terroristas cuando afirman que las tropas gubernamentales habían usado sustancias prohibidas».
De hecho, según indicaron el pasado sábado fuentes militares, soldados sirios encontraron material químico escondido en túneles de la insurgencia y, por ello, medios estatales difundieron ayer fotografías y explicaciones para intentar demostrar que fueron los rebeldes los que utilizaron dicho material tóxico.
Además, el ministro de Información, Omran Zoabi, aseveró que el Ejecutivo colaborará de forma «significativa y transparente» con los expertos internacionales, pero matizó que no permitirá «ninguna inspección que prejuzgue la soberanía nacional.
Mientras tanto, el primer ministro británico, David Cameron, y el presidente de EstadosUnidos, Barack Obama, reiteraron que la comunidad internacional debe dar una «seria respuesta» al supuesto uso de armas químicas en Siria y ordenaron a sus respectivos equipos examinar «todas las opciones».
Ambos dirigentes hablaron por teléfono para analizar la situación en el país árabe y se mostraron «profundamente preocupados», según un portavoz de Downing Street.
Por su parte, el ministro de Exteriores del Reino Unido, William Hague, aplaudió la decisión del Ejecutivo de Al Asad de permitir el análisis de la zona bombardeada, si bien consideró que las pruebas ya habrán sido «deterioradas, manipuladas o destruidas» para cuando los observadores accedan hasta el lugar del incidente.
Entretanto, el Frente al Nusra, una organización opositora siria vinculada a Al Qaeda, amenazó con atacar localidades alauitas -rama del Islam que profesa Al Assad- en venganza por «cada cohete químico caído» esta semana en la región de Damasco.
«Por cada bomba que ha caído sobre nuestra gente en Damasco, una de sus aldeas, por voluntad de Dios, pagará por ello», declaró el líder del grupo islamista, Abu Mohamad al Golani.
Por último, el gobernador de la provincia de Hama, Anas Abdel Razzaq al-Naem, falleció en un atentado con coche bomba perpetrado por los rebeldes.
