La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer mantener al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en prisión al considerar que «concurren en su caso todos los requisitos para mantenerla», como son el riesgo de fuga, la posible destrucción u ocultación de pruebas y de reiteración delictiva.
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel matizaron en un auto que consideran que estos riesgos son «serios, intensos y con un alto grado de verosimilitud» y ponen de manifiesto que, a consecuencia de las graves responsabilidades penales que se le imputan, se han incrementado. Los tres jueces recuerdan que conforme ha ido avanzando la investigación sobre la participación del extesorero en la trama Gürtel se han ido uniendo nuevos delitos atribuidos a Bárcenas «que se han venido conociendo recientemente porque la falta de transparencia por la que se ha regido su conducta ha impedido el conocimiento de sus actos, que van saliendo a la luz lenta e inexorablemente según avanzan las actuaciones».
El tribunal entiende que conforme avanza la investigación la esfera de sus posibles responsabilidades penales y civiles se incrementa, aumentándose el riesgo de fuga. Los jueces han tenido en cuenta los nuevos datos aportados por las comisiones rogatorias libradas desde Suiza y las numerosas cuentas bancarias extranjeras cuya titularidad se atribuye a Bárcenas.
Los nuevos datos reflejan «la recientemente conocida, intensa, opaca y críptica actividad negocial del recurrente con dinero cuyo origen lícito se ignora», indica el auto. La Sala valoró la gran capacidad de disposición de fondos que tiene el recurrente, que a lo largo del tiempo se han ido extrayendo y distribuyendo «hacia otras cuentas bancarias de otros países».
El auto se refiere a «las ingentes cantidades de dinero de procedencia no acreditada» de las que dispone el extesorero en depósitos a su nombre, al de sociedades con las que se le relaciona o titularidad de sus testaferros. Destaca también que, además, de los delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de cohecho ha venido a sumarse recientemente la presunta comisión por su parte de falsedad documental «a través de la manipulación de un contrato de mediación y de compraventa supuestamente suscrito por la ciudadana argentina Isabel Mackinlay».
También la participación de su esposa, Rosalía Iglesias, en los delitos del extesosrero parece que cobra fuerza, por lo que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que le imponga una fianza de 3.058.984 euros en concepto de responsabilidad civil.
El magistrado imputa a Iglesias un delito contra la Hacienda Pública y otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido. Ruz impuso el pasado 5 de julio una fianza al extesorero de 43,2 millones de euros, también para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos que se le atribuyen.
