Aunque optó por la prudencia ante los medios de comunicación, el Fiscal General del Estado José Manuel Maza quiso aprovechar su presencia en Segovia para echar un cuarto a espadas en defensa de la independencia del Ministerio Fiscal frente a la tormenta política desatada en los últimos días por las resoluciones judiciales relacionadas con el ‘Caso Nóos’ y las críticas por los relevos en las fiscalías más importantes..
Así, en su intervención en la jornada sobre ‘Responsabilidad de la Persona Jurídica-Compliance en las Pymes’, organizada por la Federación Empresarial Segoviana (FES), aseguró que la Fiscalía en España tiene “un grado de autonomía y libertad muy grande en el ejercicio de su actividad, por mucho que se piense que el Gobierno de turno la controla”.
En su digresión ante los empresarios segovianos, en la que desgranó los aspectos relacionados con las modificaciones introducidas en el Código Penal que introducen un modelo de responsabilidad penal en las personas jurídicas, Maza indicó que la labor de los fiscales “es muy independiente en lo que se refiere tanto a la legislación y la construcción institucional”, aunque deslizó una velada crítica al asegurar que en ocasiones “pueden generarse problemas por personas más o menos sumisas”.
En su condición de magistrado –puesto que desempeñó durante tres lustros en el Supremo antes de su designación como Fiscal General- Maza también tuvo palabras críticas para el actual sistema procesal penal, que definió como “enormemente lento” sobre todo en el periodo de instrucción, que puede dilatarse hasta “en años”. Así, señaló que el problema de la Justicia en España “no está sólo en la falta de medios y de recursos sino en el diseño del procedimiento penal, más pensado para delitos del siglo XIX que para el actual sistema social”.
Sobre este aspecto, se detuvo en analizar la figura del juez de instrucción, que en su actual concepción sobrevenida de un siglo de antigüedad “es válida para una justicia de hechos individualizados, pero no puede servir para enlentecer el proceso en delitos de corrupción, delincuencia organizada o mafias”.
El Fiscal General valoró también las modificaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducidas en el Código Penal, que en su opinión tienen como objetivo establecer una “doble alianza” con las empresas e instituciones para que sean “garantes del cumplimiento de la ley en sus órganos de gestión y colaboradoras a la hora de esclarecer cualquier tipo de delito que se origine en su seno”.
Pese a ello, indicó que esta legislación tiene “algunas incorrecciones”; como el hecho de no distinguir entre las grandes empresas y los pequeños negocios, o sobrecargar el coste empresarial con la creación de departamentos especializados en la protección penal ante cualquier tipo de delito.
