La Audiencia Provincial ha desestimado los recursos de apelación de los exconsejeros de Caja Segovia en el caso de la hipoteca del Torreón de Lozoya, y confirma así su responsabilidad en el posible delito de administración desleal que se les imputa.
De este modo, la Audiencia abre la puerta a la celebración de juicio oral en el que se sentarán en el banquillo los doce ex consejeros de la última fase de existencia de La Caja, incluido su presidente, Atilano Soto.
Tan solo exonera la Audiencia, estimando su recurso, de quien fue secretario de la entidad, Fernando Tapias Domínguez, por considerar que “asistía con voz pero sin voto”, y por tanto, no tenía responsabilidad en la toma de acuerdos, aunque “desempeñase funciones de información a los consejeros”.
Para el resto de los consejeros en el verano de 2012, el Tribunal considera que existen indicios para que recaiga sobre ellos una responsabilidad que les lleve a estar presentes “en el proceso en calidad de imputados”.
Aunque todos los ex consejeros presentaron —a través de distintos abogados— recursos a la decisión del Juzgado de Instrucción número 5, la Audiencia los rechaza en conjunto. Así, les hace responsables del perjuicio causado a la entidad de ahorro segoviana al asumir esta Segovia la deuda tributaria de Navicoas, en la que participaba Caja Segovia como socia.
El auto, que lleva fecha del 3 de mayo de 2017, atribuye a los consejeros la responsabilidad de asumir la deuda tributaria de la sociedad Navicoas Asturias y que incluyó la inclusión del Torreón como aval para hacer frente al préstamo hipotecario concedido por Bankia-BFA.
El Consejo asumió una obligación fiscal de una sociedad en la que no participaba directamente como socio y en la que tampoco ejercía funciones de administrador «ni de hecho ni de derecho».Y para ello recuerda que existen informes de técnicos y bufetes que así lo señalaban.
Quienes sí figuraban como administradores de derecho de Navicoas eran el vicepresidente de Caja Segovia, Manuel Agudíez, y el alto responsable de la entidad segoviana, Óscar Varas, como representantes de Inversiones y Desarrollos 2069 Madrid SL, sociedad responsable de la administración de la compañía asturiana. Ambos estaban en el Consejo de Administración de Navicoas y ese hecho «puede ser la clave de la actuación presuntamente delictiva de todos los imputados”.
También pone énfasis el Tribunal en el papel desempeñado por el entonces presidente, Atilano Soto, como intermediario de la comunicación con BFA-Bankia y comprometerse a asumir el anticipo del importe del acuerdo de Navicoas con la Agencia Tributaria, para «evitar la responsabilidad tributaria» de los dos consejeros en Asturias. “De manera inexplicada ofrece hacerse cargo del aval (…) sin ninguna razón objetiva que lo justificase”, dice.
A los demás consejeros les hace responsables, al menos por omisión de sus obligaciones al sentarse en el órgano de gobierno. Y les recuerda la «obligación especial» que tenían de adoptar las decisiones «más convenientes» para el patrimonio de la entidad. Cuando se acepta un cargo de especial exigencia, como el de ser miembro del Consejo de Administración de una entidad financiera, se adquiere la responsabilidad de velar de manera responsable, diligente, fiel y leal por los intereses sociales, les dice. Por eso, concluye que «nada impidió» a los imputados cerciorarse «concienzudamente» de la probabilidad de que se pudiera derivar a Caja Segovia la deuda fiscal de Navicoas. El no haberlo hecho «rebasa el límite de la culpa» para adentrarse «en los ámbitos del dolo». Por si fuera poco, la firma del préstamo hipotecario no se produjo hasta cuatro meses después. “Tiempo de sobra” para que los imputados pudieran haber revertido el acuerdo.
De este modo, la Audiencia incluye como investigados (antes imputados) a quienes se sentaban en el Consejo: Miguel Ángel de Vicente, José Luis Sanz Merino, Jesús Yubero, Elena García Gil, José Pablo Lozoya Martín, Juan Ignacio Antón Contreras, Concepción Monte de la Cruz, Alfredo Velasco Barrio, Antonio Jesús Rodríguez Ballesteros, además de los ya citados, Atilano Soto y Manuel Agudíez, presidente y vicepresidente respectivamente.
Antes de todo ello, el auto también rechaza el recurso que había presentado IU, personada como acusación popular, que solicitaba la consideración de nuevos tipos delictivos, y señalaba entre los responsables a quienes administraban Navicoas y la llevaron al proceso concursal, además de firmar el acta de acuerdo con la Agencia Tributaria para pagar la deuda fiscal.
El auto de la Audiencia rechaza responsabilidad porque en aquel momento ni siquiera parece probable que Caja Segovia fuera a asumir la deuda. Además argumenta falta de rigor en el recurso presentado y que no había interés de cometer estafa ni engaño.
