Técnicos de Hacienda (Gestha) advirtió ayer que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña “podría ser declarado inconstitucional”.
Así, Gestha recordó que el artículo 31 de la Constitución dice, cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria o negocio para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre, “podría quedar fuera de los preceptos constitucionales”, sobre todo si como en el caso de la central burgalesa dicho impuesto “fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central”.
Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en la provincia de Burgos, recuerda que si una empresa se ve avocada a cerrar porque no es viable, “no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar”.
