La Junta de Castilla y León presentó alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como manifestó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) garantizó su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.
Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.
Del Olmo aclaró que la Junta remitió sus alegaciones el jueves con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.
De este modo, la consejera detalló que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.
