En el marco del debate en relación a los impuestos, tasas y precios públicos para 2018, IU ha solicitado al equipo de Gobierno que se reduzca en un 50% la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal. En la actualidad esta tasa oscila entre 20 y 25 euros para plazas del grupo C2 y E, y 58,60 para las del grupo A. La tasa para acceder al examen de las plazas de bomberos y policía es de 48,90.
Estos precios son bastante altos en comparación con los que se dan en otras ciudades, y en muchas ocasiones llegan a ser más del doble. Por ejemplo, en ciudades como Zamora, Córdoba, Soria o Benavente el coste de las pruebas para el examen de bomberos se sitúa entre 10 y 20 euros. Las altas cantidades a pagar en Segovia han provocado quejas por parte de varias personas que han realizado estas pruebas. La aceptación de esta medida para reducir las tasas, que no supone mucho cambio y sí un beneficio para la ciudadanía, definirá en gran medida el sentido de nuestro voto en el debate.
Sobre la propuesta del equipo de Gobierno, tiene pocas variaciones con relación al año pasado. Se ha incluido una nueva tarifa para los operadores de la estación de autobuses, que se aplicará en función de las expediciones y los pasajeros declarados ante la Junta. Durante este año se nos ha ido informando puntualmente en la mesa de tasas de los cambios previstos, una forma de proceder que se debería usar para otros aspectos, como por ejemplo la elaboración del pliego de autobuses, cuya gestión se ha caracterizado por la falta de información a los demás grupos y por un escaso margen de participación.
La tasa del agua mantiene el número de tramos. Se reduce el correspondiente al consumo de 16 a 25 metros cúbicos, que pasará de 0,60 a 0,33 euros, y el tramo B3, (consumo de 26 a 50 metros cúbicos) también contará con una reducción de 0,67 a 0,54 euros. Hace dos años se incluyó un nuevo tramo a propuesta de IU y en 2016 se añadió otro más. Los tramos permiten que la tasa tenga un carácter progresivo, es decir, que paguen más aquellos que más gasten y penalizar así el consumo excesivo de agua. Desde las administraciones se tiene que fomentar un consumo responsable del agua y gravar los malos usos, ya que estamos hablando de un recurso escaso y fundamental para la vida.
