El Estado contará con un límite de gasto no financiero de 118.565 millones de euros en 2012, lo que supone una caída del 4,7 por ciento respecto al techo de gasto del año anterior, con lo que la Administración Central del Estado cerrará con un déficit del 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), unos 42.576 millones de euros. Así lo certificó ayer, tras el Consejo de Ministros, el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, que indicó que, descontando las obligaciones de ejercicios anteriores, el techo se recorta en 2.270 millones, hasta los 116.295.
Por su parte, la previsión de ingresos que ha realizado el Gobierno se sitúa en 119.233 millones de euros que, según explicó Montoro, supone un descenso sobre lo recaudado en 2011, a pesar de la subida del IRPF y del IBI aprobada por el Ejecutivo para este año.
Los ajustes de Contabilidad Nacional se situarán en 6.360 millones de euros, mientras que la financiación a las administraciones territoriales a través del presupuesto de gasto alcanzará los 36.884 millones de euros.
Descontadas las partidas de pago obligatorias, como los intereses de la deuda, el pago de clases pasivas o las aportaciones a la UE, el presupuesto con el que contarán los ministerios ascenderá a 57.978 millones de euros, lo que supone una rebaja del 12,5 por ciento respecto a los 66.249 millones de 2011.
El Consejo de Ministros también dio el visto bueno a la previsión de déficit público para 2012, que se situará en el 5,8 por ciento del PIB, y que desglosa en un 4 por ciento para el Estado (1,1 puntos menos que en 2011), un 1,5 para las comunidades autónomas (1,4 puntos menos), un 0,3 para las corporaciones locales (un 0,1 por ciento más bajo) y equilibro presupuestario para la Seguridad Social (también un 0,1 por ciento menos).
De esta forma, la deuda se reduciría desde el 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto del ejercicio pasado al 5,8 por ciento en el actual, lo que supone un recorte de 2,7 puntos porcentuales, esto es, unos 27.000 millones de euros. De momento, el Ejecutivo aprobó medidas que reducen el gasto o aumentan los ingresos en 15.000 millones, por lo que restarían aún 12.000 millones más de ajuste.
Montoro destacó que con la aprobación del techo de gasto y la fijación del déficit público se da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos, que se aprobarán el próximo 30 de marzo.
Liquidez
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a 10 años y a un interés cercano al 5 por ciento para abonar las facturas pendientes a proveedores, con un período de carencia de dos años.
«Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general», explicó la también portavoz del Ejecutivo, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es «clave» para dar confianza, y defendió esta medida como «estímulo» para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos.
Así, el ministro de Economía, Luis de Guindos, concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5 por ciento) más un diferencial de 115 puntos básicos y aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
«Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento», explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el «contraaval» de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales.
«Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores», enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a «muchas» empresas y puestos de trabajo.
Además, Montoro coincidió en la «importancia» del préstamo, al considerar que abre «una gran ventana» para acometer la reforma de los servicios públicos. «Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables esos servicio», destacó el titular de Hacienda, que, al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno vuelva a subir los impuestos o lleve a cabo recortes de prestaciones para cuadrar las cuentas públicas, negó ambos extremos y añadió que no hay nada previsto ni en materia de fiscalidad ni en recortes de las pensiones o las prestaciones por desempleo.
