El Tribunal Constitucional ha tardado poco en decidir la suspensión del decreto contra los desahucios de la Junta de Andalucía. Lo hizo ayer a petición del Gobierno central, que el 28 de junio decidió mandar la resolución del Ejecutivo andaluz y solicitar, como medida cautelar, su paralización. Así, con la admisión del recurso, suspendió, de forma automática, aunque temporalmente por cinco meses, todas las medidas de la llamada Función Social de la Vivienda.
El tribunal dará ahora traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gabinete y al Parlamento autonómicos, a través de sus presidentes, que dispondrán de un plazo de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
De acuerdo a lo previsto, la impugnación produce la cancelación de la disposición recurrida, pero la Justicia, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses, por lo que la admisión a trámite tendrá como inmediata consecuencia la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso -9 de julio de 2013- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, lo que también comunicará a los presidentes del Gobierno y de la Cámara Baja de la comunidad autónoma.
El Ejecutivo anunció el 28 de junio que recurriría el decreto andaluz, que prevé expropiaciones de viviendas, previo informe del Consejo de Estado, que el pasado 4 de julio dio la razón al Gabinete al considerar que existen «fundamentos jurídicos» para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la norma y contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en esta región.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había adelantado que el Ejecutivo entiende que la norma «afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad».
En el mismo sentido, detalló que «en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad» e indicó que, «además de los razonamientos que manifestó la Unión Europea y su preocupación por la norma», el Gobierno analizó el respeto a la normativa constitucional. «Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de contrariedad con la Carta Magna», añadió.
Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía inició los expedientes de expropiación temporal de 12 viviendas y defendió la constitucionalidad de una norma que, según palabras de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, tiene «legalidad jurídica plena» y un «respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y la Constitución española».
Además, Cortés también criticó el recurso por considerar que supone un «abuso» que «quita poder a la gente, le quita poder al pueblo, y vuelve a dar poder a las entidades financieras». El Gobierno recurre el decreto antidesahucios porque funciona, porque hemos demostrado en el año que llevamos en el Gobierno andaluz hemos sido capaces de aprobar un decreto ley que protege la vida de las familias, que tutela a las vulnerables que están en situación de pérdida del hogar y, que por tanto, hay alternativas a las políticas neoliberales que está practicando el Gobierno central», insistió.
«No nos vamos a rendir, seguiremos luchando por paralizar los desahucios», sostuvo, y además, recordó que hasta ahora el Ejecutivo andaluz ha iniciado 10 expedientes de expropiación temporal de viviendas a la banca.
Respecto a la oferta de diálogo del Gabinete central, la consejera socialista pidió que se retire el recurso y que las conversaciones no sean informales sino que se convoquen formalmente.
