«Cuando peor ha estado históricamente la economía, más ha crecido el modelo societario, que es anticíclico; pero en los nuevos ciclos recesivos que estamos viviendo hay un cambio de tendencia y esta situación nos ha afectado, porque las políticas están dando la espalda al emprendimiento colectivo». Esta es la realidad que transmite el gerente de la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales de Castilla y León (Aemta), Santiago Molina, quien constata que desde el arranque de la crisis, en 2007, hasta finales de 2012, desparecieron en la Comunidad 239 de estas actividades en las que el capital está en manos de los trabajadores de manera mayoritaria. El ejercicio pasado se cerró con 1.787 sociedades laborales activas en Castilla y León, con más de 3.000 socios-trabajadores, unos cuatro por actividad.
Molina recalcó que la crisis de finales de los 70, con la salida de la dictadura, una inflación disparada y la reconversión de todos los sectores productivos, dio lugar al surgimiento de las sociedades laborales, que se convirtieron en refugio para muchos trabajadores frente a los ciclos recesivos. Sin embargo, lamentó que en el contexto actual los trabajadores no están apostando por el colectivismo y por primera vez en 2011, en su organización cerraron con pérdidas de empresas asociadas.
El responsable de Aemta incidió en que en muchos casos, cuando una empresa va a cerrar, la salida para sus trabajadores puede ser crear una sociedad laboral, y constató que «muchas veces no se adopta esta forma por desconocimiento». «Es un modelo desconocido, no acaba de tener el empuje que tenía que tener», dijo.
Entre los factores para que no cuaje esta fórmula de la economía social destacó que el sistema económico actual no acepta que el capital y el trabajo estén concentrados en las mismas manos. Asimismo, constató un cambio de tendencia en el fomento de la propia economía social desde las propias instituciones, ya que «frente a estas empresas societarias, ahora mismo las políticas de fomento van más hacia el sector de autónomos, que al emprendimiento colectivo». «Esto se nota», dijo.
En este contexto, reclamó una modificación de la ley de sociedades laborales, que flexibilice los requisitos para su constitución, permitiendo que puedan ser creadas por dos personas durante un tiempo determinado (en la actualidad ningún socio puede tener más de un tercio de la participación), como salida para muchos parados en un momento con cifras de desempleo inasumibles para ningún sector.
Santiago Molina denunció que en la Comunidad y en España «falta la cultura del emprendimiento y del riesgo», porque «nos han educado para trabajar por cuenta ajena o para ser funcionarios». Así, advirtió de que en el contexto actual es «absolutamente necesario fomentar el emprendimiento» porque «no existe ningún sector emergente que pueda absorber las cifras de paro actuales». En este sentido, trasladó que el individualismo que impone la sociedad actual constituye un modelo que «se está agotando» y expresó su convencimiento en que «la sociedad está tomando conciencia de que la solución es de todos, y hay una corriente que avanza hacia ese modelo económico más transparente y solidario», que representa la economía social, y su reflejo en las sociedades laborales y las cooperativas.
Al respecto, destacó que el modelo de las sociedades laborales se corresponde a los valores que deben ser emergentes dentro de la crisis que se está viviendo. «No es una cuestión de ventajas económicas, es de modelo social, y de participar en unos valores», dijo, para aclarar que las sociedades laborales son «empresas democráticas, en las que predominan las personas por encima del beneficio, están muy afincadas en el entorno en el que desarrollan su actividad, con un compromiso elevado con las políticas de igualdad y el cuidado medio ambiente, y una responsabildiad social realmente de empresa». «Si el modelo social debe avanzar en esto, las sociedades laborales contribuyen a fijar esos valores», dijo.
Las cifras
Los datos aportados por Aemta constatan que la mayor parte de las sociedades laborales que estaban activas en Castilla y León al cierre del año pasado tenían su actividad en el sector servicios, 1.161; seguida por la construcción, 330, la industria, 240, y la agricultura, 56.
Por provincias, Valladolid y León acaparaban el mayor número de sociedades laborales de la Comunidad a finales de 2012, con 441, y 427, respectivamente, seguidas por Salamanca, con 242, Zamora, 194, Burgos, 145, Palencia, 114, Ávila, 94, y Segovia y Soria, con 65 en cada caso. En el último lustro, todas las provincias perdieron sociedades, excepto Zamora, que ganó dos.
