Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, a finales de 2011, prometió que acometería con urgencia una reforma de la Administración Local. Se trataba de una prioridad para el PP. Sin embargo, a pesar de los sucesivos anuncios realizados por el Gobierno a lo largo de 2012 sobre la inminente aprobación de la reforma, hoy en día sigue siendo un proyecto. ¿El motivo?. La falta de consenso de los populares con otras fuerzas políticas. En cualquier caso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó el viernes al Consejo de Ministro el “Informe sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, un documento que aunque no es definitivo, sí desvela, en líneas generales, las principales pretensiones del Gobierno sobre la mencionada reforma.
Uno de los capítulos que más ha llamado la atención ha sido el referido a los sueldos que recibirán los miembros de las corporaciones locales. Independientemente de los ajustes que puedan llevarse a cabo durante la tramitación de la reforma, el Gobierno sí tiene claro que en los Presupuestos Generales de cada año se fijará el límite máximo a cobrar por alcaldes y concejales, de acuerdo a la población de sus municipios. Y, de inicio, el Gobierno quiere que el 82% de los concejales trabaje sin cobrar y que tampoco tengan retribución los alcaldes de localidades de menos de 1.000 habitantes.
El presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, aseguró ayer que el impacto que tendrían dichas medidas en la provincia sería “mínimo”, al advertir que “el 95% de los miembros de las corporaciones no tienen remuneración”. Además, interpretó, tras la lectura del informe presentado por Montoro, que los alcaldes de localidades ‘medianas’ “no podrán tener dedicación exclusiva, pero si parcial”. Desde el PSOE segoviano, su secretario general, Juan Luis Gordo, defendió ayer que, con dichas medidas “el ahorro para el Estado será mínimo”, considerando, en referencia a las retribuciones a los alcaldes, que es “lógico” que reciban una compensación económica “como mínimo para compensar los gastos que tienen derivados del cargo que ocupan”.
Una pequeña encuesta sin valor estadístico realizada ayer por esta Redacción entre alcaldes de la provincia comprobó que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, estaba a favor de eliminar las retribuciones a los regidores.
Del informe presentado por Montoro se deduce que, con la reforma, el papel de las diputaciones provinciales saldrá claramente reforzado, ya que asumirán diferentes servicios que ahora prestan los ayuntamientos pequeños. En ese sentido, y anticipándose a la reforma de la Administración Local, la Diputación de Segovia ya ha ideado la creación de un ‘Consorcio de Servicios Generales’ que previsiblemente entrará en funcionamiento este mismo ejercicio. “La reforma de la Administración Local —aseguró Vázquez— garantiza la autonomía local, lo que no es contrario a que la Diputación coadyuve en determinados servicios esenciales”. Desde el PSOE, Gordo no ve con buenos ojos el fortalecimiento de las diputaciones, entidades que generan “bastantes dudas” entre los socialistas. “Nuestro modelo —explica Gordo— pasa por dar más competencias a las mancomunidades”.
Con el anteproyecto, las mancomunidades, al igual que las entidades locales menores, están en el alero. Desde la entrada en vigor de la reforma, tendrán un plazo de tres meses para presentar sus cuentas. En caso de no hacerlo, serán disueltas. El ministro Montoro ya lo advirtió: “No podemos admitir que estén gestionando recursos públicos sin rendir cuentas”. Y, por lo que respecta a la provincia de Segovia, el Consejo de Cuentas afirma no haber recibido, entre los años 2003 y 2011, el informe de seis mancomunidades (Cega, Villa de Turégano, Tres Cruces, Salva Ríos, La Pedriza y Villa y Tierra de Fuentidueña).
En cualquier caso, el anteproyecto tiene todavía “un largo recorrido” ante sí hasta que, si se cumplen las previsiones, entre en vigor este verano y pueda aplicarse a partir de ejercicios venideros.
Las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las autonomías.- El Gobierno pretende realizar un listado de las competencias que debe asumir la Administración Local, para evitar duplicidades. En ese sentido, el principio que regirá la reforma será el de “una Administración, una competencia”. De esta forma, quedarán suprimidas las denominadas “competencias impropias”, asumidas indebidamente por los ayuntamientos y que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los municipios.
De acuerdo al informe presentado el viernes por el ministro de Hacienda, las competencias de Educación y Sanidad “serán exclusivas de las comunidades autónomas”. El Ministerio establecerá un periodo transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias.
En la ciudad de Segovia, la hasta ahora compleja asunción de algunas competencias educativas entre la Junta y el Ayuntamiento ha generado diversos problemas, como la llamada “guerra de los conserjes de los colegios”, en la que se dirimía qué administración, si la local o la autonómica, debía abonar los salarios de ese colectivo.
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, indicó ayer, a la vista de que la reforma fijará un plazo de cinco años para el traspaso de competencias, que el Ayuntamiento velará para que la Junta asuma todas las que correspondan. “Queremos que se nos garantice que las competencias que tengamos que traspasar a la Junta no van a ser suprimidas, no queremos que la Junta haga dejadez de sus responsabilidades”.
