El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable, aunque no vinculante, sobre el proyecto de real decreto del Ministerio de Industria que facilitaría una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Los consejeros ya habían estudiado este proyecto normativo el pasado mayo, pero tras producirse algunos cambios por parte del Gobierno, el documento se remitió de nuevo al CSN para una nueva valoración.
En el proyecto, Industria modifica el reglamento e introduce «la posibilidad» de la renovación de la autorización «cuando el cierre haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica», como es el caso de la central nuclear burgalesa. Garoña se encuentra en parada desde el 6 de julio, cuando concluyó su permiso de explotación, aunque continúan las labores de mantenimiento de la planta ante la posibilidad de que su propietaria, Nuclenor, solicite nuevamente su apertura. Con el informe del CSN se abre una puerta para que esta empresa, participada por Endesa e Iberdrola, pueda pedir si lo desea una nueva autorización de explotación.
En su informe, el organismo independiente argumenta que el cambio introducido por Industria «clarifica que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación válida hasta la autorización de desmantelamiento». Además, apunta que «introduce la posibilidad de renovación tras la declaración de cese de actividad cuando ésta haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección Radiológica», siempre dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos la declaración de cese.
Sin embargo, el CSN denuncia una «laguna importante», ya que la futura norma elimina la necesidad de que, un mes antes de que caduque una autorización, el Consejo deba pronunciarse sobre el permiso.
Reacciones
La emisión del informe ha generado reacciones a favor y en contra. Entre las positivas se encuentra la de la Junta de Castilla y León. El consejero de Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, califica el documento como «una muy buena noticia para Castilla y Léon», recalcando que «detrás de Garoña hay más de 1.000 empleos». De Santiago-Juárez también recalca que el cierre de la central se produjo por «un capricho político» del anterior Ejecutivo que la Junta «nunca entendió». El Gobierno regional defiende que, mientras la central sea segura, debe seguir funcionando.
Por su parte, Ecologistas en Acción condena el informe del CSN y entiende que aunque «las modificaciones están hechas a medida de las necesidades de Nuclenor, tendrán repercusiones sobre todas las instalaciones nucleares y radioactivas españolas». La organización también critica que los intereses del sector nuclear prevalezcan «sobre los convenios internacionales, las leyes, el funcionamiento normal del CSN y el interés de la mayoría».
Finalmente, el PSOE denuncia que es «evidente» que existen presiones por parte del Gobierno hacia el Consejo de Seguridad Nuclear. «Hasta ahora el Consejo era quien decidía los plazos para la toma última de decisión y ahora es el Gobierno el que le obliga a trabajar fuera de los protocolos», sostiene Hugo Morán, secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del partido. Según Morán, el PSOE reclamará la comparecencia del presidente del CSN en el Parlamento y que el ministro de Industria de explicaciones sobre lo que considera «una legislación a la carta».
