El Ministerio de Empleo ha retirado hasta junio la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por haber rechazado ofertas de trabajo o haber incumplido los requisitos fijados para el acceso o su mantenimiento, lo que le ha permitido reducir el gasto en esta materia y ahorrar al Estado 915,1 millones de euros.
De esta forma, el número de ayudas eliminadas por dicho concepto ha sido un 14,8% superior a la registrada en el mismo período de 2012 y ha supuesto un ingreso para el Gobierno de 119 millones más que un año antes.
Éste es solo uno de los efectos desplegados por el plan de lucha contra el trabajo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012, que pormenoriza la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta abierta dirigida ayer a los medios de comunicación.
Así, tomando todo el plazo de vigencia del mencionado proyecto, la lucha contra el cobro indebido de prestaciones por paro ha permitido ahorrar hasta 3.160,7 millones de euros.
Además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de ocupación irregular, con las que se han podido aflorar 130.512 puestos de trabajo. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 indagaciones en esta materia. Como consecuencia, se han anulado 64.379 altas irreales, a partir de 3.523 quebrantamientos.
Solo en los primeros seis meses de 2013 han aumentado un 30,5% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas, detectadas por el Ministerio de Trabajo. Además, se han llevado a cabo en el primer semetre del año 14.842 investigaciones, un 46,8% más, y se han detectado 1.964 infracciones (+146,3%).
En la carta abierta, la responsable de Empleo muestra su intención de actuar «con la mayor contundencia» contra el trabajo irregular y el fraude en la Seguridad Social y enfatiza que «todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo».
Para ello, Fátima Báñez recuerda que la página web del Ministerio de Empleo dispone de un buzón para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de conductas «fraudulentas e insolidarias» para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Asimismo, en dicho apartado podrán presentar denunciar los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de vigilancia un deber absoluto de reserva de la identidad del denunciante.
«Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude, para que la inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua», sentencia la ministra popular.
