El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista aseguró ayer que no puede descartar que «haya otras personas que no sabemos» que participaron en el chivatazo a ETA del bar Faisán y confió en que, al igual que en el caso de los GAL, algún imputado acabe hablando para poder «ir más arriba».
«No vamos a ir más arriba, ¿para qué, para que lleguen y consigan una absolución? Vamos a esperar si hay sentencia condenatoria a que algún imputado haga como pasó en el GAL con el señor Amedo», sentenció Bautista durante la exposición de su informe de conclusiones definitivo, en el que se mostró convencido de que los acusados actuaron «solos o en compañía de otros».
En este sentido, consideró «claro» que con la filtración se produjo, «por medios criminales, ilícitos y delictivos, una coadyuvación a un objetivo que entonces era legítimo: acabar con ETA a través de un proceso».
«Todo el mundo sabe que en 2006 había un acuerdo parlamentario que daba el visto bueno a dialogar con una organización criminal y la estrategia de lucha contraterrorista pasaba por eso», argumentó el fiscal.
El representante de la acusación pública elevó a definitiva su petición para que los dos acusados, el exjefe de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, sean condenados a entre un año y medio de cárcel y dos por revelación de secretos o bien cinco años por colaboración con organización terrorista.
«Pamiés era el táctico, el que decide cómo se hace en el terreno la estrategia, pero la idea la plantea alguien que no está en el terreno», incidió.
En relación con la acusación por un delito de colaboración con la organización terrorista, Bautista aseguró que él ha cumplido «a rajatabla» la instrucción del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
En todo caso, advirtió de que tal tipificación conlleva el «problema» de que los implicados en la trama de extorsión, entre ellos el dueño del Faisán, Joseba Elosúa, todavía no han sido condenados. «Tendremos que esperar a 2014 para ver si Elosúa es miembro de ETA, hasta entonces no puedo decir que esa persona pertenece la banda», apostilló.
En este contexto, denunció el «tufo de conspiración» que, a su juicio, despierta la versión de las defensas sobre la manipulación de las pruebas y señaló que la utilización por los acusados de sus teléfonos oficiales pone de relieve que actuaban con «cierta sensación de impunidad».
«O es la chapucería nacional, como cuando alguien se gastaba los fondos reservados en el casino», añadió en una nueva referencia a Amedo. «Aquí a lo mejor es que cuando alguien juega a ser Harry el Sucio, acaba convirtiéndose en Torrente y es la peor de las opciones», resumió.
Bautista también acusó a los testigos de las defensas de ir «en masa a intentar echar una mano» a Pamiés pero, según especificó, la coartada del confidente se demostró que era «una falacia, envuelta en un bulo, envuelto en una mentira». «No hay ninguna cita con el confidente», zanjó. «Si le debes la hacienda y la vida, ¿cómo no vas a mentir en el juicio por él?», se preguntó antes de señalar que habría sido «un suicidio» entrevistarse con un mando policial.
Siete años de investigación por el soplo.- El caso Faisán adquirió relevancia pública a partir de mayo de 2006 debido a un chivatazo que recibió Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán y presunto miembro de la red de extorsión de ETA, que le alertaba de una redada. Previamente, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llevaba meses trabajando en la investigación que concluyó con el procesamiento de 24 personas, implicadas en el envío de cartas de extorsión de la banda reclamando el impuesto revolucionario a empresarios vascos y la gestión del cobro en diversos períodos entre marzo de 2005 y febrero de 2006.
El 15 de enero de este año, la Audiencia confirmó el procesamiento del exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros como presuntos autores del chivatazo que alertó a los criminales de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, lo que evitó que el presunto enlace de la banda, José Antonio Cau Aldanur, cruzara la frontera para ser detenido. El intermediario no era otro que Joseba Elosúa, el ahora anciano dueño del establecimiento que, pese a declarar medio aturdido ante el juez de la Audiencia Nacional, podría estar totalmente implicado con la lucha armada de la banda.
El juicio está visto para sentencia, pero, como telón de fondo queda también que esta trama haya tenido una implicación política, puesto que los hechos coincidieron con un período de diálogo entre ETA y el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
