La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, defendió hoy que en este momento de caída de los ingresos públicos y de crisis hay que “ir más lejos” y pedir “la solidaridad de todos con los grandes servicios públicos y con los que peor lo están pasando”.
El debate de totalidad del proyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras se inició con la presentación de los objetivos contenidos y de su objetivo por parte de la titular de Hacienda, mientras que en la calle un millar de personas, convocadas por distintos sindicatos, expresaron su protesta por el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en la Administración pública.
La foto de la evolución de los ingresos públicos ha pasado de tener un peso del 91 por ciento en 2007 hasta el 80 por ciento en 2011, unido a la “inadecuada” aplicación del modelo de financiación por el que Castilla y León ha pasado a recibir 638 millones menos en las entregas a cuenta del Gobierno, explicó Del Olmo.
En su intervención, Del Olmo subrayó que los nuevos tributos están vinculados a la percepción de la renta garantizada de ciudadanía, a la calidad de la sanidad –aplicación de los 4,8 céntimos por litro de combustible- y financiación de las obras medioambientales.
“Es un esfuerzo ponderado”, aseguró, para explicar que la recaudación estimada de 212 millones de euros con esos nuevos impuestos suponen una presión fiscal del 0,36 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad, “mucho mejor de lo que vienen soportando, desde hace años, los ciudadanos de un buen número de comunidades”.
Para avalar sus propuestas, la consejera que el conjunto de los beneficios fiscales de Castilla y León es de los “más significativos” en el ámbito autonómico; que en nueve de las 13 comunidades se aplica el céntimo sanitario; y que en una mayoría de las autonomías existe una mayor tributación medioambiental.
“Ni se busca ni se va a producir la reducción del número de empleados públicos que se viene denunciando”, rebatió la consejera sobre la protesta que ha llevado a la calle a los agentes sociales, que tienen el respaldo de PSOE y IU, por el aumento de la jornada laboral para los empleados públicos. “Va a permitir incrementar la productividad en la Administración”.
