Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer pedir a la Junta que retire sus fondos de los bancos que se muestren «inflexibles» en la renegociación del pago de las deudas hipotecarias para que las familias afectadas por desahucios se puedan mantener en sus viviendas. PP y PSOE se mostraron de acuerdo en dirigir ese mandato al Ejecutivo autonómico, pero la coincidencia finalmente no se plasmó en la votación porque los populares no aceptaron una adenda socialista destinada al Gobierno central.
El debate de la proposición socialista se celebró en un clima de acuerdo y coincidencia e incluso la socialista Ana Redondo asumió la enmienda del PP, presentada por María Luisa Álvarez Quiñones, en la se acotaban las entidades financieras en las que la Junta podría retirar sus fondos, es decir en aquellas que no cumplan la normativa ni el Código de Buenas Prácticas. Pero, Redondo introdujo una adición a la enmienda popular, para que el Gobierno central lo asumiera también, que no se aceptó por la mayoría.
Al final, PSOE y Grupo Mixto votaron a favor del texto, mientras que el PP se opuso, a pesar de que en el fondo estaban de acuerdo.
«O se está a favor de las familias o de la banca» sostuvo Redondo al presentar la proposición no de ley en la que pidió la retirada de los depósitos que tiene la Junta en los bancos que no renegocien las condiciones del pago de deudas hipotecarias. Asentó su propuesta en que el número de ejecuciones hipotecarias ha aumentado un 36% en el segundo trimestre en Castilla y León.
Ana Redondo y la popular Álvarez Quiñones coincidieron en el «drama» que supone para las personas y familias tengan que abandonar su vivienda por no poder pagar la hipoteca. Sin embargo, la primera atacó al PP cuando hace un año desacreditó la petición de su grupo en las Cortes de crear una oficina de asesoramiento y la segunda incidió en que las ejecuciones que se materializan ahora tienen su origen hace dos o tres años.
Álvarez Quiñones, que defendió la paralización de desahucios a familias vulnerables o el código de buenas prácticas aprobados por el Gobierno central y el servicio creado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, contrapuso una enmienda para que la Junta pueda retirar sus depósitos y la condición de entidades colaboradoras a las entidades que no operen de acuerdo con el decreto estatal.
La socialista aceptó la enmienda pero añadió una adición para que lo aprobado por las Cortes se traslade al Gobierno para la nueva normativa, algo que no aceptó el Grupo Popular. Álvarez subrayó que en su iniciativa «se acota la indefinición» de la proposición no de ley socialista cuando se refiere a las entidades financieras. «Ahora la ley permite desahucios y se quiere equilibrar una medida a favor de los ciudadanos», explicó Redondo.
El portavoz del Grupo Mixto, José María González, calificó de «parche, gesto y juegos florales» el contenido de la propuesta socialista y de la enmienda del Partido Popular, defendió el cambio de la Ley Hipotecaria y cargó contra los bancos, pero expresó el voto a favor de ambas en interés de la ciudadanía. Redondo le recordó que el PSOE ha pedido ese cambio normativo en el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley.
