El ‘caso Aragoneses’, en relación a la denuncia presentada ante las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el ex concejal socialista, Juan Cruz Aragoneses, ha dado un nuevo giro, después de que un juez haya ordenado reabrir el procedimiento penal contra el que fuera responsable municipal de Urbanismo, una causa había sido archivada, de forma provisional, el pasado mes de febrero.
Siete meses después, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Segovia ha ordenado la reapertura de las investigación sobre el caso de la reforma de la vivienda de la ex compañera sentimental de Juan Cruz Aragoneses, que fue construída en terrenos propiedad del entonces concejal del Ayuntamiento de Segovia.
El juez Moisés Guillamón Ruiz ha dictado ahora un auto, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, en el que estima, íntegramente, el recurso presentado por la Fiscalía y, de forma parcial, el de los denunciantes, Tomás Sanz y Javier Lobo, arquitecto y aparejador implicados en el caso de los ‘miniapartamentos’ ilegales junto al Eresma.
En síntesis, la decisión supone permitir que continúe una investigación que había sido archivada, de forma provisional, por el mismo tribunal, aunque de acuerdo con el criterio de otro juez. Y es que entonces fue el magistrado Jesús Marina Reig, quien acordó el archivo del procedimiento penal al entender que la reforma de la vivienda, situada en la calle San Vicente el Real, no había afectado a la cacera de regantes, un bien jurídico protegido, en contra de la tesis de los denunciantes, y que, por tanto, no había relevancia penal, sino «una simple infracción administrativa en su caso».
Ante aquella decisión de archivar la causa penal, tanto el Ministerio Fiscal como los denunciantes presentaron los correspondientes recursos. El juez Moisés Guillamón Ruiz estima ‘integramente’ el recurso del fiscal, que había alegado, entre otros motivos, según se asegura en el auto, que no se habían realizado unas pruebas que habían sido admitidas, ni se había resuelto un recurso de apelación contra otro auto dictado el 21 de diciembre de 2011. En este sentido, el juez considera que debe procederse a continuar con lo recogido en aquel auto que, en síntesis, supone aceptar la petición del Fiscal de pedir información tanto a la Comisión Territorial de Patrimonio como al Ayuntamiento de Segovia.
El juez estima parcialmente el recurso presentado por los denunciantes, en lo que supone de coincidencia con la alegación de la Fiscalía — realizar las diligencias ya acordadas— aunque rechaza la realización de otras pruebas o investigaciones porque «no ha lugar en este momento, sin perjuicio de que se puedan acordar con posterioridad una vez cumplimentadas las admitidas».
En síntesis, el auto, notificado ayer a las partes, da luz verde a la apertura de diligencias solicitadas por la Fiscalía para esclarecer si Aragoneses cometió un delito urbanístico en relación a esta vivienda, cuando además era titular de la Concejalía de Urbanismo; esto es, si en la reforma de la vivienda se ha destruído la cacera de regantes.
Denuncia y dimisión
Aunque la licencia la solicitó la compañera sentimental del concejal, Felisa Torrego, el PP, en la oposición, denunció la existencia de indicios sobre «irregularidades urbanísticas graves» en la reforma de la casa de Aragoneses y su pareja, puesto que se habrían ejecutado obras no ampararas por la licencia, para lograr un aumento en el volumen de la edificación, que se sitúa en suelo rústico protegido.
Finalmente, se interpuso una denuncia penal por el arquitecto y el aparejador implicados en el caso de los “miniapartamentos” ilegales junto al Eresma, promovidos por la empresa “Hontanilla de Santo Domingo”, que estaba participada por los concejales del PP, Ángel Sancho y Manuel González Herrero. A petición propia, el 4 de junio de 2010, Aragoneses fue relevado temporalmente de sus funciones como concejal de Urbanismo tras la denuncia presentada contra él y su pareja. Finalmente, la denuncia forzó al que fuera también primer teniente de alcalde a presentar su dimisión en julio de 2010 “por coherencia personal y política”,y para no perjudicar al equipo de Gobierno por unos hechos “ajenos a mi voluntad”, según dijo entonces.
Ante la reapertura de diligencias para esclarecer el caso, fuentes próximas a los denunciantes afirmaron ayer que “hacemos nuestras las palabras de Aragoneses, aquello de que la justicia ha hablado y hablará».
