Más del 40 por ciento de los casi 10.000 casos resueltos el pasado año por los catorce juzgados de lo Contencioso Administrativo de Castilla y León estuvieron relacionados con litigios entre los empleados públicos y las administraciones, según se desprende de los datos estadísticos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en los que también se pone de manifiesto que de 2007 a 2011 el número de resoluciones dictadas se incrementó más de un 34%, pasado de 6.446 a 9.906.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y representante del CGPJ en Valladolid, Palencia, Zamora, León y Salamanca, Antonio Fonseca, destaca que detrás del incremento de los casos resueltos en estos últimos años, además de un mayor trabajo por parte de los jueces, también se encuentra la creación de dos nuevos juzgados: uno en León, el tercero en esta provincia, que se puso en marcha en 2009, y el número cuatro de Valladolid, que entró en funcionamiento un año después.
Por su parte, sobre el alto porcentaje que suponen los casos relacionados con la función pública, apuntó que se han visto incrementado notablemente desde el año 2010 debido a los recortes salariales que están aplicando las distintas administraciones, así como por los concursos de traslados convocados por la Junta de Castilla y León.
Con relación a las reclamaciones de los empleados públicos por los recortes, Fonseca no descarta que se pueda producir un nuevo incremento de los casos ante los últimas medidas anunciados por el Gobierno y que afectan a la paga extra de Navidad, aunque recuerda que una sentencia del Tribunal Constitucional ya dio la razón a los recortes salariales aplicados en su día por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
De los 9.906 resueltos por los juzgados de lo Contencioso Administrativo, 4.018 corresponden a litigios planteados por la función pública (retribuciones, permisos, traslados, categoría laboral…), que suponen el 40,56 por ciento de los casos. Después, pero sólo representado el 13,63 por ciento del total, se encuentran los asuntos de responsabilidad patrimonial, que en su mayoría están relacionados con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. La actividad administrativa sancionadora, especialmente la de los ayuntamientos (tráfico y multas), ocupa el tercer lugar con el 10,23 por cientos de los casos, por delante de los caos relacionados con los permisos de residencia y expulsión de los extranjeros, que suponen el 9,83 por ciento de los casos.
